El Gobierno retira el proyecto de Ley de Competitividad Financiera

El Gobierno nacional ha decidido retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, tras la controversia generada por un artículo que proponía gravar con el Impuesto a las Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs. Esta decisión implica que el tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados quedará suspendido.

Desde Casa Rosada y el bloque de diputados libertario confirmaron que se retirará la totalidad del proyecto, lo que permitirá una revisión exhaustiva de cada uno de sus artículos antes de que sean tratados nuevamente por ambas cámaras. Inicialmente, se había anunciado que solo se eliminaría el artículo relacionado con el tratamiento tributario de los CEDEARs, que son instrumentos que se negocian en el mercado local pero representan acciones y otros activos que cotizan en el extranjero.

Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que el artículo en cuestión era un “borrador viejo” y que se procederá a su retiro. El objetivo de la propuesta era que las operaciones con CEDEARs tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero correspondiente, lo que habría implicado que las ganancias obtenidas con inversiones en el exterior estuvieran sujetas al Impuesto a las Ganancias.

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado a la Cámara de Diputados, contenía 240 artículos destinados a introducir cambios en el mercado de capitales y en el sistema de garantías, así como en diversas disposiciones tributarias. La iniciativa, que retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio, buscaba flexibilizar regulaciones en el sector financiero.

Entre los cambios propuestos se incluía la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión y negociación de valores negociables. También se planteaba la creación de “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, que incluirían plataformas digitales y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Además, se proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito, incluyendo activos virtuales y derechos de propiedad intelectual.