Ley de Tierras: la Justicia ordenó preservar los registros bonaerenses

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense y ordenó al Gobierno nacional conservar la información registral vinculada con las tierras rurales de la provincia, recopilada durante los últimos 15 años.

La medida cautelar se dictó tras la derogación de la ley de Tierras por el DNU 70/2023. El juzgado le otorgó cinco días al Ministerio de Justicia para informar hasta qué fecha fueron actualizadas las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de los antecedentes registrales.

La Defensoría, liderada por Guido Lorenzino, advirtió sobre las consecuencias de eliminar el régimen de control sobre la titularidad extranjera de tierras rurales. Según el organismo, la derogación implicó el fin de herramientas como el mapa dominial y las restricciones sobre la adquisición de campos por parte de extranjeros.

La presentación subrayó la importancia de preservar la información acumulada durante la vigencia de la Ley 26.737, no solo para identificar a los titulares de los campos, sino también para la planificación territorial y ambiental de la provincia. Se destacó la situación de distritos como Campana y Zárate, donde hay una notable concentración de tierras en manos de extranjeros.

El juzgado consideró que la posible pérdida o alteración de esos datos podría causar un perjuicio de difícil o imposible reparación. Por ello, se dispuso la conservación de los antecedentes registrales mientras avanza la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la derogación de la ley de Tierras.

La Defensoría enfatizó que la preservación de los registros es crucial para evitar que la modificación del marco normativo conlleve la pérdida de información pública sobre la estructura de propiedad de las tierras rurales bonaerenses. Lorenzino afirmó: "No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural". Además, agregó que "proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones".