El Gobierno creó una comisión para reformar el Código Procesal Civil y Comercial

El Ministerio de Justicia ha establecido la Comisión para la Modernización y Actualización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, encargada de elaborar un anteproyecto de ley de reforma integral. Esta medida fue oficializada mediante la Resolución 515/2026, publicada en el Boletín Oficial, y firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques.

El Código Procesal Civil y Comercial, vigente desde 1967, ha recibido reformas parciales a lo largo de los años, pero nunca ha sido revisado de manera integral. Esta falta de actualización se ha vuelto más evidente con la implementación del Código Civil y Comercial en 2015, que introdujo cambios significativos en los procedimientos judiciales. Además, muchas provincias han adaptado sus propios códigos procesales, generando una asimetría entre el régimen nacional y los códigos provinciales.

La resolución establece cuatro lineamientos para la elaboración del anteproyecto: instaurar el sistema de oralidad en los procesos civiles y comerciales, asegurar la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso, modernizar la gestión procesal con herramientas tecnológicas, y simplificar los procedimientos para favorecer la resolución de conflictos. La oralidad, que incluye audiencias orales y públicas con la presencia del juez, se considera fundamental para lograr una justicia más ágil y cercana a los ciudadanos.

Entre los antecedentes mencionados se encuentra el anteproyecto de Código Procesal presentado en 2019 y el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Oralidad en los Procesos Civiles, que se ha desarrollado desde 2016. También se cita el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, que desde 2018 ha reemplazado el trámite escrito por un proceso basado en audiencias iniciales y finales con registro audiovisual.

La comisión estará coordinada por Martín Cardone, quien representará al ministerio junto a Pamela Kazmirczuk. Los demás miembros son Juan Manuel Converset, Gabriela Scolarici, Maximiliano Caia, Agustín Prada Errecart, Alejandro Verdaguer, Julio Ríos Becker, María Constanza Caeiro, Romina Kelly, Fernando Dinici, Javier Cosentino, Silvina Bracamonte, Osvaldo Gozaíni, Diego Rosas y Jimena Jatip, todos en carácter ad honorem.

Dentro de la comisión se formarán dos subcomisiones: la Subcomisión Redactora, encargada de elaborar el índice y el articulado del anteproyecto, y la Subcomisión Revisora, que se encargará de revisar el texto. La comisión tiene un plazo máximo de 60 días corridos desde su primera reunión formal para aprobar el texto definitivo, con posibilidad de prórroga a solicitud. También podrá convocar a magistrados, especialistas y organismos públicos para consultas, y contará con el apoyo técnico de la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa de la Secretaría de Justicia.