Debate sobre el DNU 70/23 tras fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la semana pasada una medida cautelar que frenaba la derogación de la Ley de Tierras (26.737), dispuesta por el artículo 154 del DNU 70/2023. Este fallo, que rechazó la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), ha abierto un complejo escenario político.

El máximo tribunal consideró que la asociación no tenía legitimación para iniciar el reclamo por la derogación de la norma sancionada en 2011, cuyo objetivo es limitar la compra de tierras por parte de extranjeros. La decisión judicial, que no aborda la cuestión de fondo, ha derivado en un pedido de sesión especial para el 15 de octubre en la Cámara de Diputados, impulsado por un amplio sector de la oposición que busca dejar sin efecto el mega decreto 70/23, que incluye 366 artículos y cuya derogación ya fue aprobada por el Senado en marzo de 2024.

Desde la publicación del DNU, se han dictado medidas que desregularon diversas áreas, como alquileres, salud y comercio exterior. La incertidumbre sobre qué sucedería si el decreto se dejara sin efecto ha generado un intenso debate. Según el artículo 24 de la ley 26.122, el rechazo por ambas cámaras implicaría la derogación del DNU, pero mantendría los derechos adquiridos durante su vigencia.

La figura de la “reviviscencia legislativa” ha cobrado relevancia, sugiriendo que si se anula el DNU, las normas derogadas podrían volver a estar vigentes. Esto incluiría la Ley de Alquileres, la de Góndolas, de Abastecimiento, de regulación de las obras sociales y la Ley de Tierras. Un antecedente relevante es la sentencia de diciembre de 2021, donde la Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 y dispuso que, si el Congreso no sancionaba una nueva ley en el plazo establecido, recobrara vigencia el régimen anterior.

Por otro lado, quienes se oponen a la teoría de la reviviscencia citan el DNU 340/25, que fue derogado en 2025 y no permitió la recuperación automática de las normas derogadas, lo que generó un vacío regulatorio que obligó al Poder Ejecutivo a dictar un nuevo decreto.

En cuanto al DNU 70/23, la Justicia ha frenado temporalmente varios ítems, como la reforma laboral y cambios en las Sociedades Anónimas Deportivas. La Corte Suprema revocó una sentencia que había frenado el artículo 154, permitiendo que la derogación de la Ley de Tierras volviera a estar vigente.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la derogación de la ley de tierras, argumentando que busca potenciar la producción rural y que no atenta contra la soberanía nacional. Ravier advirtió que la derogación del DNU implicaría un regreso a un esquema de regulaciones que limitarían la capacidad de decisión de personas y empresas.

El debate está planteado y la sesión en Diputados se aproxima, mientras continúan los reclamos por financiamiento universitario, morosidad, discapacidad y soberanía.