91 jueces porteños respaldan a De Marinis y rechazan juicio político de Jorge Macri

Un total de 91 magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un comunicado en respaldo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, rechazando la postura del Gobierno porteño tras su decisión de declarar inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años.

La rápida adhesión de los jueces es un hecho poco frecuente en el ámbito judicial porteño. El comunicado, que sigue abierto a nuevas firmas, surge después de que el Gobierno de la Ciudad anunciara su intención de impulsar un juicio político contra De Marinis por su resolución del 21 de septiembre en la causa “M.I.A. y otros s/ 164 - Robo y otros”. La Fiscalía porteña también apeló el fallo y solicitó el apartamiento de la magistrada del expediente.

Los firmantes expresaron su "más enfático repudio y profunda preocupación" ante las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo porteño y el pedido de juicio político. Defendieron la decisión de De Marinis como parte del control de constitucionalidad que pueden ejercer los jueces en el modelo argentino. La magistrada consideró que la aplicación del nuevo régimen era regresiva respecto del sistema de protección integral de derechos en el caso del adolescente.

El Poder Judicial porteño aclaró que la resolución no declaró inconstitucional la Ley 27.801 en términos generales, sino que limitó el planteo al caso particular del adolescente involucrado. El fallo derivó en su sobreseimiento, mientras la investigación continuó respecto de otros adolescentes de 16 años alcanzados por la nueva legislación.

Los jueces que suscribieron el comunicado enfatizaron que una sentencia puede ser cuestionada y revisada mediante los mecanismos legales, y que el Ministerio Público Fiscal ya apeló la resolución, lo que implica que el expediente será revisado por una instancia judicial superior.

El comunicado destaca la diferencia entre revisar una sentencia y sancionar a un juez por su contenido. "Más allá de si un pronunciamiento judicial es o no compartido", señalaron, el Estado de Derecho exige respetar las decisiones adoptadas por los jueces dentro de sus competencias. Utilizar un juicio político como respuesta a una sentencia "agravia seriamente la independencia judicial".

Los 91 jueces rechazaron lo que calificaron como "intromisión y acoso del Poder Ejecutivo" y exhortaron a las autoridades a actuar con "mesura, prudencia institucional y apego al derecho". Esta controversia se produce semanas después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años.

De Marinis, en diálogo con Radio Con Vos, explicó que su decisión de sobreseer al adolescente se basó en su situación personal y social, así como en la ausencia de intervenciones estatales previas. "Aplicar el sistema penal es estigmatizante para este adolescente", afirmó, y subrayó que someter a proceso penal es lo último que debe ocurrir.

La jueza también rechazó que su resolución implique una posición general contra la nueva legislación, insistiendo en que su decisión fue en el caso concreto. A pesar de haber declarado inconstitucional la aplicación del artículo 1 para este expediente, De Marinis aseguró que no rechaza el nuevo régimen en términos generales y consideró que puede utilizarse junto con los mecanismos destinados a proteger los derechos de los menores.