El Gobierno porteño denunció a la jueza que frenó el nuevo Régimen Penal Juvenil

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Mario Tapia, presentó este miércoles una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra la jueza Laura Beatriz De Marinis. La magistrada, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3, había declarado inconstitucional el artículo 1° de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en un caso concreto.

Tapia argumenta que la actuación de De Marinis no se limita a una diferencia de criterio jurídico, sino que implica apartamientos normativos que podrían constituir “mal desempeño” y “desconocimiento inexcusable del derecho”, según lo estipulado en la Constitución de la Ciudad. La denuncia busca defender la legalidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El ministro aclaró que su presentación no pretende ser una apelación a la sentencia, sino determinar si la jueza excedió los límites de una interpretación judicial posible. En este sentido, Tapia destacó que la independencia judicial debe ejercerse dentro del marco jurídico que la legitima.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia se refiere a la norma que De Marinis utilizó para sobreseer a un adolescente de 14 años, quien fue considerado no punible. La jueza recurrió al artículo 1° de la Ley 22.278, que había sido derogada por la nueva Ley 27.801, lo que, según Tapia, constituye una irregularidad significativa.

Además, el ministro cuestiona que la jueza no analizó la Ley 27.801 en su totalidad, enfocándose únicamente en la reducción de la edad de punibilidad, sin considerar otros mecanismos que la ley establece para la protección de los derechos del adolescente.

Tapia también critica que De Marinis haya tomado en cuenta circunstancias individuales para decidir sobre la aplicabilidad de la ley, lo que, según él, crea una “regla de creación judicial” que no se deriva del texto normativo.

La denuncia incluye un análisis del contexto político y social en el que se aprobó la reforma, argumentando que la jueza no puede modificar el alcance de una norma aprobada por el Congreso basándose en interpretaciones selectivas de la voluntad legislativa.

Otro aspecto cuestionado es la caracterización que hizo la magistrada sobre el hecho investigado, donde calificó la situación como una “situación estresante”, lo que Tapia considera una banalización del hecho denunciado.

Finalmente, el ministro solicitó que se investigue formalmente la actuación de De Marinis y se analicen antecedentes de decisiones anteriores de la jueza para determinar si existe un patrón de conducta que justifique la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.