La jueza que falló contra el Régimen Penal Juvenil defendió su postura: "No es un mensaje de impunidad"

La jueza Laura De Marinis defendió su fallo que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires. Aclaró que su decisión no anula de manera general el nuevo Régimen Penal Juvenil, y que se basa en las circunstancias particulares del caso.

En una entrevista, De Marinis enfatizó que "esta es una decisión en un caso concreto" y que la investigación sobre el episodio continúa. "Esto no es un mensaje de impunidad; la causa no se archivó y se sigue investigando", afirmó. Además, subrayó que el régimen sigue vigente y se aplica a otros adolescentes involucrados en el mismo incidente.

El nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un marco legal para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años, fue aprobado en el Congreso y entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026. De Marinis explicó que su decisión se fundamentó en la situación personal y social del adolescente, quien carecía de educación y apoyo estatal previo. "Aplicar el sistema penal es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante", argumentó.

El caso se originó el 10 de septiembre, cuando un hombre denunció que fue perseguido por un grupo de adolescentes que intentó robarle. Tras el incidente, los jóvenes fueron demorados. De Marinis ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para adoptar medidas de acompañamiento relacionadas con la situación del menor.

La jueza también rechazó que su resolución represente una oposición al nuevo régimen, afirmando que puede coexistir con mecanismos que protejan los derechos de los menores. Sin embargo, la Fiscalía apeló el fallo, lo que llevará a una revisión por parte de una instancia superior.

La decisión de De Marinis generó reacciones políticas, incluyendo un pedido de juicio político por parte del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien criticó la sentencia y la calificó de "manchada de sangre". De Marinis respondió que las decisiones judiciales deben ser discutidas en el ámbito judicial y no a través de juicios políticos, argumentando que esto debilita las instituciones democráticas.