El Gobierno defendió las operaciones con oro del BCRA y aseguró que dejaron ganancias

El Gobierno defendió la estrategia de cobertura del oro del Banco Central (BCRA) y rechazó que el resultado de esas operaciones deba analizarse de manera aislada de la valorización del metal. En conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que la posición registró ganancias netas por alrededor de u$s2.500 millones, a pesar de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara pérdidas por u$s1.023 millones en las coberturas realizadas durante 2025.

Ravier cuestionó la “politización” de la AGN y argumentó que contratar una protección frente a posibles caídas del precio del oro no constituye un error. “El BCRA es autónomo y debería dar sus respuestas, pero dada la repercusión, decimos algunas cosas”, expresó. Comparó la cobertura del oro con el seguro de un auto, indicando que pagar un seguro y no sufrir un accidente no significa que la contratación haya sido innecesaria.

El vocero explicó que la estrategia buscó dar estabilidad a un activo expuesto a fluctuaciones. “Hoy observamos mucha volatilidad, entonces no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica y la volatilidad que puede mostrar”, afirmó. Ravier destacó que, aunque el precio del oro subió más del 60% desde el año pasado, esto no permite concluir que la decisión de cubrirse haya sido equivocada.

El BCRA, por su parte, aseguró que su posición en oro, incluidas las coberturas, dejó una ganancia neta de u$s2.505 millones. La controversia surgió por el informe de la AGN sobre los estados contables del BCRA, que registró pérdidas en operaciones de cobertura. La autoridad monetaria acusó a la AGN de actuar “con fines puramente políticos”.

En otro tema, el Gobierno informó que las ofertas económicas por la privatización de AySA siguen en evaluación y que aún no se ha producido la adjudicación. El 8 de octubre se abrieron las propuestas de los dos grupos calificados, con ofertas de u$s340,2 millones y u$s285 millones. El futuro operador deberá cumplir un plan de inversiones obligatorio para 2027–2031 por $2,89 billones, equivalente a más de u$s2.000 millones.