Denuncian a Luis Caputo y otros funcionarios por operaciones con el oro del Banco Central

El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet, por las operaciones financieras realizadas con el oro de las reservas durante 2025. Dalbón solicitó la detención inmediata de los tres funcionarios, argumentando que sus posiciones podrían representar un riesgo para el desarrollo de la investigación.

La denuncia se basa en un informe de auditoría de los estados contables del BCRA al 31 de diciembre de 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN). Según el documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente fue el oro resultaron en una pérdida de $1.469.155 millones, equivalentes a unos u$s1.023 millones, con egresos de divisas.

Dalbón cuestionó la estrategia financiera utilizada, señalando que la magnitud de las pérdidas y las dudas sobre las decisiones tomadas justifican una investigación más profunda. En particular, se investiga si existió un perjuicio patrimonial efectivo para el Estado, más allá de las ganancias contables derivadas de la revaluación del oro.

El informe de la AGN incluyó un apartado específico sobre las operaciones de opciones vinculadas al oro, indicando que el BCRA había concertado operaciones de derivados liquidables en dólares para cubrir riesgos asociados a ese activo. Sin embargo, al cierre del ejercicio, ya no existían operaciones de ese tipo, y el resultado de las transacciones fue una pérdida significativa.

Dalbón también planteó la posibilidad de que se hubiera utilizado una estrategia conocida como collar, que combina la compra y venta de opciones para establecer límites de precio. Sin embargo, aclaró que esta descripción no surge directamente del informe de la AGN y que deberá ser corroborada mediante los contratos y la documentación de las operaciones.

El abogado solicitó que se investigue la localización y el destino de las reservas físicas de oro, así como la coordinación entre las autoridades económicas y la conducción del BCRA. Además, propuso una serie de medidas de prueba para reconstruir la operatoria y determinar la naturaleza de los instrumentos utilizados.

Dalbón encuadró los hechos en tres figuras penales: administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y asociación ilícita. Argumentó que la permanencia de Caputo, Bausili y Curutchet en sus cargos podría comprometer la preservación de pruebas relevantes, dado que parte de la documentación se encuentra en organismos que ellos dirigen o integran.