Cuatro legisladores presentaron un amparo para frenar la privatización de AySA

Cuatro legisladores nacionales han presentado un amparo para exigir al Gobierno que revele la tasación oficial de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Además, solicitaron una medida cautelar para frenar la adjudicación de la licitación destinada a vender el 90% de las acciones de la empresa estatal.

La presentación fue realizada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich, quienes son integrantes de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones. La acción se dirige contra la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía.

Los legisladores pidieron que la Justicia ordene la entrega inmediata de dos documentos: el texto completo de la Resolución ATEP 1/2026, que declaró reservada la información sobre las tasaciones de las empresas públicas, y el informe integral de valuación de AySA, que debe incluir criterios metodológicos, proyecciones económicas y la tasa de descuento aplicada.

Además, reclamaron que se suspenda el procedimiento de adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional 504/2-0003-LPU26 y que el Gobierno se abstenga de firmar el contrato de concesión o transferencia accionaria hasta que se entregue la documentación solicitada.

Los legisladores de Unión por la Patria argumentan que avanzar con la venta sin conocer la valuación oficial podría causar un daño irreversible al patrimonio público nacional. En su escrito, advirtieron que esto impediría controlar si el precio de venta se corresponde con el valor real de la compañía.

Uno de los principales cuestionamientos de la presentación judicial es la decisión de la ATEP de mantener bajo reserva los informes de tasación de las empresas públicas en proceso de privatización. Según los legisladores, la ATEP dictó la Resolución ATEP 1/2026 el 1 de abril de 2026, estableciendo el carácter reservado de esos documentos, pero denunciaron que la norma no fue publicada en el Boletín Oficial.

Los firmantes consideran que esta decisión es incompatible con la Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 y con el principio de publicidad de los actos de gobierno. Sostienen que toda la información en poder del Estado debe ser accesible, salvo excepciones previstas por la legislación.

El amparo también plantea objeciones al procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo para determinar el valor de las compañías estatales sujetas a privatización. Los legisladores afirmaron que, a partir de la Ley Bases 27.742, se habría desplazado al Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) de su función como organismo competente para intervenir en esas valuaciones.

El planteo cautelar se apoya en el riesgo de que la operación avance antes de que los órganos de control puedan acceder a la documentación. Los legisladores argumentaron que, si se adjudica la licitación y se concreta la transferencia accionaria sin que se conozca la tasación oficial, una eventual sentencia posterior podría resultar insuficiente para reparar el perjuicio. En este sentido, advirtieron que la venta de un activo estatal sin la posibilidad de contrastar su valuación podría provocar una lesión grave e irreparable al erario público.

Por último, solicitaron que se declare la nulidad de la reserva dispuesta por la Resolución ATEP 1/2026 y que se ordene entregar tanto esa norma como la tasación completa de AySA. La presentación incluye como prueba los reclamos administrativos realizados ante la agencia y una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El objetivo central del amparo es que la Justicia obligue al Gobierno a transparentar cuánto vale oficialmente AySA antes de avanzar con la adjudicación de su privatización.