Diputados piden informes al Gobierno por fondos no registrados de AySA

El diputado nacional Martín Aveiro presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe al Congreso sobre irregularidades detectadas en la registración de fondos vinculados con AySA y el Sistema Riachuelo. En particular, se cuestionan inversiones por unos $42.935 millones asociadas al préstamo BIRF 9252 otorgado por el Banco Mundial.

La presentación se realizó tras una investigación publicada por Ámbito, que reveló que la AGN emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del crédito y detectó una subvaluación del 66,57% de las inversiones del proyecto. En los fundamentos del proyecto, Aveiro menciona expresamente esta publicación y reclama que la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas expliquen los motivos de la falta de registración, las partidas involucradas y las razones operativas que pudieron haber generado la omisión.

El legislador también solicitó determinar el impacto que pudo tener la falta de registración sobre la valuación patrimonial de AySA y sobre la Cuenta de Inversión del Estado Nacional. Entre los interrogantes figura si esta situación pudo haber generado una subvaluación de activos capaz de distorsionar los balances formales de la compañía.

Además, pidió explicaciones sobre los desfasajes detectados entre los sistemas de registración financiera y documental utilizados por el Estado, y si las anomalías señaladas por la AGN ponen en riesgo el mantenimiento del préstamo BIRF 9252, pueden representar un incumplimiento ante el Banco Mundial o provocar penalidades o demoras en desembolsos.

El proyecto también reclama conocer si se iniciaron sumarios administrativos para deslindar responsabilidades entre las autoridades de la unidad ejecutora y las áreas contables involucradas. La investigación de Ámbito había informado que los fondos fueron adelantados por la Tesorería General de la Nación para que AySA afrontara pagos vinculados con las obras, y que posteriormente debían ser restituidos con recursos del préstamo. Sin embargo, al cierre de 2025, el reembolso continuaba pendiente y las inversiones no habían sido incorporadas correctamente en los estados financieros.

Según el informe de la AGN, los estados financieros del proyecto "no presentan razonablemente la situación financiera" al 31 de diciembre de 2025, lo que llevó a los auditores a emitir una opinión adversa. Aveiro advirtió que, si las respuestas oficiales permitieran determinar que la omisión no fue un simple desfasaje administrativo, sino una eventual maniobra deliberada, las actuaciones deberían ser puestas a disposición de la Justicia. El diputado mencionó la posible existencia de delitos contra la administración pública, aunque condicionó cualquier denuncia a lo que surja de la información que entregue el Ejecutivo.

Este planteo se conoce mientras avanza el proceso de privatización de AySA. La investigación de Ámbito señaló que la inconsistencia contable podría tener consecuencias sobre la valuación y la transparencia financiera de la compañía, en momentos en que el Gobierno busca transferir el control de la empresa a manos privadas.