Nuevas irregularidades en la privatización de AySA

La privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ha quedado confirmada, pero rodeada de controversias que amenazan su adjudicación. La oferta seleccionada proviene del consorcio liderado por la empresa argentina Rowing S.A., que presentó una propuesta de u$s340,2 millones, una cifra notablemente inferior a los u$s500 millones que había mencionado Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, como mínimo esperado.

Un aspecto alarmante es que Rowing S.A. forma parte del grupo Equo Capital, que también incluye a Direct Group y Lógico, ambas empresas que aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025. Esta información ha sido corroborada por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a partir de datos públicos de la Cámara Nacional Electoral.

Además, cuatro legisladores del peronismo han presentado una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra Chaher y Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. La denuncia busca investigar el proceso de licitación y detener la privatización. Los legisladores acusan al Poder Ejecutivo de haber creado un circuito normativo que excluyó a la entidad competente en la tasación de empresas públicas, lo que incluye la ley Bases y varios decretos y resoluciones.

Se han señalado irregularidades en los procesos de licitación, con informes de tasación y valuación mantenidos en reserva. El Tribunal de Tasaciones ha indicado que no puede realizar tasaciones bajo el criterio del Gobierno, que se basa en ingresos esperados y costos operativos, y que solo puede elaborar cotizaciones a partir de activos físicos. Esta notificación fue omitida en el tratamiento parlamentario, lo que ha llevado a que la tasación sea delegada a una unidad del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Los denunciantes han expresado que la licitación de AySA se realiza 'sin base', lo que impide un control adecuado sobre la adjudicación. También han considerado la posibilidad de avanzar hacia acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Capitanich, uno de los legisladores, ha enfatizado la importancia de conocer el método de valuación de los activos, dado que AySA tiene una concesión que se extiende por 30 años, con posibilidad de 10 años adicionales, afectando a 3,35 millones de hogares y 350.000 usuarios no residenciales en el AMBA.