El defensor del Pueblo bonaerense advirtió que no se sabe cuánto vale realmente AySA

El defensor del Pueblo adjunto general de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, cuestionó el proceso de privatización de AySA y advirtió que, a pesar de que ya se conocieron las ofertas por el 90% de la compañía, los usuarios siguen sin conocer información central para evaluar la operación.

El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX presentó una oferta de u$s340,2 millones, superando los u$s285 millones ofrecidos por Roggio. Sin embargo, Martello destacó que ambas propuestas están por debajo de los u$s450 millones que, según el Ministerio de Economía, se estimaba como valor de la empresa.

El funcionario enfatizó que el problema no radica solo en el monto ofertado, sino en la falta de acceso a la información previa. "Ya tiene precio una empresa que presta servicio a 14 millones de personas, pero ese precio se fijó sin que los usuarios supieran qué se estaba vendiendo", cuestionó.

Martello reclamó la publicación de la valuación y las tarifas. Aseguró que durante todo el proceso intentaron conocer cuánto valía AySA y cuál era su pasivo ambiental, pero no pudieron acceder a esa documentación. La valuación del paquete accionario no fue difundida públicamente y el Data Room quedó reservado para los oferentes privados.

El defensor adjunto explicó que solicitaron esta información mediante la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública y, ante la falta de respuestas, acudieron a la Justicia Federal con un amparo colectivo. "Los usuarios, que son quienes van a pagar el servicio durante los próximos 30 años, siguen sin acceso a esos datos", afirmó.

Además, planteó dudas sobre los ingresos futuros que podría recibir el eventual adjudicatario. Según Martello, el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que, de acuerdo con información del ERAS, podría generarle u$s93 millones adicionales por año. "Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar", sostuvo.

El funcionario también cuestionó la composición del consorcio. Indicó que Rowing integra el holding Equo Capital, presidido por Walter Román, y mencionó que dos empresas del mismo grupo, Direct Group y Lógico, realizaron aportes de $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025. Consideró que corresponde determinar si esas contribuciones se ajustaron a la normativa vigente.

Asimismo, mencionó la participación de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, proveedor de AySA desde 2009 y vinculado al control de Edenor. Martello remarcó que AySA es uno de los principales consumidores de electricidad del AMBA y planteó que, de concretarse la adjudicación, un mismo grupo quedaría involucrado en ambos lados de esa relación comercial.

La adjudicación definitiva aún debe pasar por la revisión de la Comisión de Evaluación. Para Martello, esta instancia debería servir para transparentar la información que aún permanece reservada. "El agua es un derecho humano y un servicio esencial. Su traspaso a manos privadas exige las máximas garantías de transparencia", afirmó. Concluyó que antes de cerrar la operación deberían publicarse la valuación de la empresa, el inventario de pasivos ambientales y el esquema tarifario que regirá para los usuarios.