Juicio por YPF: Loretta Preska anuló la condena contra Argentina y cerró el caso en primera instancia

La jueza federal estadounidense Loretta Preska dejó sin efecto su sentencia contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, formalizando el cierre del expediente en primera instancia en Nueva York. Esta resolución, emitida el 19 de octubre, acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo había revocado la condena multimillonaria contra el Estado nacional.

A pesar de esta decisión, el litigio aún tiene una instancia pendiente: el máximo tribunal estadounidense deberá resolver si acepta el pedido de revisión presentado por el fondo Burford Capital.

La decisión de Preska formaliza en el expediente original las consecuencias del fallo de segunda instancia, dejando sin efecto la condena que había dictado en septiembre de 2023, cuando ordenó que Argentina pagara más de 16.100 millones de dólares a los demandantes por la forma en que se realizó la estatización de YPF. Con los intereses acumulados, el monto había superado los 18.000 millones de dólares.

La resolución no implica un nuevo análisis de todos los argumentos del litigio, sino que cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones. Este tribunal había revocado la sentencia original al considerar que Preska interpretó incorrectamente aspectos del derecho argentino relacionados con el proceso de expropiación y los derechos de los accionistas minoritarios.

El fallo de segunda instancia fue emitido el 27 de marzo de 2026 por un tribunal integrado por los jueces Denny Chin, Beth Robinson y José Cabranes, quien votó en disidencia. La mayoría entendió que la normativa argentina sobre expropiaciones no habilitaba el reclamo indemnizatorio planteado por los accionistas demandantes.

El conflicto judicial se originó en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control del 51% de las acciones de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta operación generó reclamos de accionistas minoritarios que consideraron que no se respetaron las condiciones previstas en el estatuto de la compañía para una adquisición de tal magnitud.

Entre los demandantes se encontraban Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas con la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park. Burford Capital financió el litigio y adquirió derechos vinculados con los reclamos de los antiguos accionistas, lo que le otorga un interés económico directo en el resultado de la disputa.

En septiembre de 2023, Preska había fallado a favor de los demandantes, estableciendo una indemnización superior a los 16.100 millones de dólares. Esta decisión abrió una etapa de apelaciones que culminó, por ahora, con el pronunciamiento favorable a Argentina.

Burford ha recurrido a la Corte Suprema de Estados Unidos, buscando que el máximo tribunal examine el fallo y eventualmente revierta la decisión que dejó sin efecto la condena. Sin embargo, la presentación no garantiza que la Corte vaya a tratar el caso, ya que debe decidir primero si acepta el pedido de revisión.

Si la Corte rechaza el recurso, se mantendrá el fallo de la Cámara de Apelaciones y la condena millonaria no volverá a tener vigencia. Si acepta intervenir, el litigio podría abrir una nueva etapa judicial, aunque no necesariamente restablecerá automáticamente la sentencia de 2023.

En paralelo, Burford impulsa otras acciones vinculadas con la disputa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen. Por ahora, la resolución de Preska cierra formalmente la etapa de primera instancia en Nueva York, pero no elimina la posibilidad de que el conflicto continúe.

La próxima definición clave estará en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si toma el caso.