Diego Santilli busca frenar las multas por el financiamiento universitario

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un escrito ante la Justicia para intentar frenar la ejecución de las multas personales impuestas en el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales. Santilli solicitó la suspensión de las astreintes de $100.000 diarios fijadas por el incumplimiento de una medida cautelar y, en caso de que su pedido sea rechazado, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que se deje sin efecto la sanción.

La presentación se produjo tras la decisión de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que concedió el 15 de octubre un recurso de apelación del Estado Nacional contra la resolución del juez Martín Cormick, quien había considerado incumplida la cautelar y había intimado al Gobierno a cumplirla en un plazo de cinco días. Santilli argumentó que mantener la sanción mientras se revisa judicialmente el supuesto incumplimiento podría generar consecuencias patrimoniales de difícil reparación.

La Cámara aceptó tramitar el planteo de Santilli, quien sostuvo que la discusión pendiente comprende “la existencia misma del incumplimiento atribuido al Estado Nacional” y la interpretación de las obligaciones que, según la resolución judicial, todavía están pendientes. Advirtió que la ejecución de las multas podría anticipar consecuencias económicas antes de que el tribunal de alzada se pronuncie sobre el planteo del Gobierno.

En caso de que no se suspenda la ejecución de las astreintes, Santilli solicitó que se revoque la resolución del 14 de octubre que dispuso la sanción personal en su contra. Uno de sus principales argumentos es que debió haber recibido una intimación personal que identificara con precisión qué conducta debía cumplir y en qué plazo.

El funcionario planteó que la intimación dirigida al Estado Nacional no equivale a una comunicación personal al funcionario alcanzado por la sanción. Según él, la resolución judicial lo colocó ante una sanción ya aplicada sin haber tenido una oportunidad previa de ejercer su defensa, comprometiendo así sus garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.

Además, cuestionó que se le atribuyera responsabilidad individual por el incumplimiento, argumentando que las referencias a las competencias del Jefe de Gabinete no explican por qué él sería el obligado directo a ejecutar las prestaciones reclamadas. Reclamó que se precise cuál es la norma que le impone personalmente esa obligación y qué conducta concreta se considera incumplida.

Otro eje del planteo es el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para ejecutar gastos públicos. Santilli sostuvo que las órdenes judiciales deben interpretarse de acuerdo con las normas que regulan la administración financiera y las autorizaciones presupuestarias. Afirmó que las astreintes no pueden utilizarse para obligar a un funcionario a adoptar medidas que resulten incompatibles con el principio de legalidad presupuestaria.

Finalmente, planteó un cuestionamiento sobre la duración de la medida cautelar, señalando que la resolución original estableció que su vigencia se extendería hasta el dictado de la sentencia en el expediente principal. A partir de esta circunstancia, sostuvo que debe analizarse si al momento de imponer las multas, todavía subsistía una obligación cautelar que pudiera ser ejecutada y reforzada mediante sanciones económicas. Santilli dejó planteada la reserva del caso federal, al considerar que están comprometidas garantías constitucionales y principios como la legalidad, la razonabilidad y la división de poderes.