Financiamiento universitario: una ley ratificada por el Congreso lleva un año en suspenso

La ley 27.795 de financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición del salario docente, publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025, ha generado un intenso debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En la reunión de este martes, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expusieron sobre este tema, que se ha vuelto crucial en el contexto de la propuesta del gobierno para el presupuesto de 2027.

Este debate se produce tras la quinta marcha federal universitaria, que reunió a miles de manifestantes en varias ciudades del país, reclamando el cumplimiento de la ley. Desde el interbloque Unidos, se exigió la presencia de funcionarios nacionales para explicar el incumplimiento de la normativa.

La ley tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en Argentina. Su camino legislativo ha sido complicado, comenzando en 2024 con la sanción de la Ley Nº 27.757, que declaró la emergencia presupuestaria del sistema universitario. Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó esta ley, argumentando la falta de previsión de financiamiento y el impacto en el equilibrio fiscal.

El veto fue tratado en Diputados, pero no se alcanzaron los dos tercios necesarios para insistir con la ley. En 2025, un nuevo proyecto fue nuevamente vetado por el presidente, aunque el veto fue rechazado por la Cámara de Diputados y confirmado por el Senado, lo que dejó la ley firme.

Desde su publicación, el Consejo Nacional Universitario (CIN) ha reclamado su cumplimiento. En diciembre de 2025, la Justicia dictó una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo cumplir con los artículos de la ley relacionados con la recomposición salarial y la asistencia estudiantil. En marzo de 2026, esta decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, y la Corte Suprema desestimó objeciones del Gobierno.

El 6 de octubre de 2026, la Justicia declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la ley, ordenando al Ejecutivo adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Sin embargo, el Estado apeló esta sentencia, lo que ha llevado el caso a una nueva etapa judicial.

En la reunión de este martes, se presentó una nota dirigida al presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, firmada por 19 diputados, en la que se solicita adecuar el gasto previsto en el presupuesto para 2027 al cumplimiento de la ley. Los legisladores argumentan que no se puede discutir un presupuesto que ignora las obligaciones vigentes y que asignar un monto que representa un déficit del 32% respecto a las necesidades reales de las universidades es una decisión política que afecta la educación pública.