Régimen penal juvenil: Benítez cuestionó la ley y reveló cuántos casos hubo en Entre Ríos

El régimen penal juvenil comenzó a aplicarse en septiembre y ya ha tenido intervención en dos casos registrados en Entre Ríos, ambos relacionados con delitos contra la propiedad. Así lo confirmó el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez, durante una entrevista en Plaza Mansilla, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7.

Benítez expresó sus cuestionamientos a la nueva legislación, señalando que sus objeciones no se limitan a la reducción de la edad de responsabilidad penal. "No es solamente la baja de la edad, porque la baja de la edad no es lo más grave de esta ley", afirmó. Uno de los puntos centrales de su crítica se relaciona con la falta de diferenciación suficiente según la edad y el grado de madurez de los adolescentes involucrados.

El defensor general destacó que no es lo mismo un hecho cometido por un niño de 14 años que por un adolescente de 17 años y 10 meses, y que la expectativa de pena no debería ser la misma. Recordó que el régimen anterior establecía diferencias según la gravedad de los delitos y la edad de los involucrados.

Benítez también planteó que, bajo la nueva normativa, conductas de menor gravedad podrían ser alcanzadas por un proceso penal. "Ahora esa diferencia no existe. En consecuencia, si nos vamos a un extremo, una amenaza o una trompada en un recreo en una escuela puede hacer posible que ese niño o adolescente tenga que pasar por todo un proceso penal", explicó.

A pesar de sus preocupaciones, consideró que en Entre Ríos se podrían evitar estos escenarios gracias a los protocolos elaborados por los organismos judiciales. "Estamos trabajando. Desde el Ministerio Público, sacamos un protocolo y el Ministerio Fiscal sacó un excelente protocolo", indicó.

Benítez destacó que la incidencia de delitos cometidos por adolescentes en la provincia es reducida en comparación con otras jurisdicciones. "El índice de delitos cometidos por esa franja etaria en la provincia de Entre Ríos es, por suerte, muy menor", aseguró.

Desde la entrada en vigencia de la ley, se han registrado dos casos en la provincia, ambos por delitos contra la propiedad. En estos expedientes, se han comenzado a aplicar los protocolos correspondientes y deberán intervenir los distintos actores del sistema judicial. Benítez insistió en que el objetivo de los organismos provinciales será realizar una aplicación de la legislación compatible con las garantías constitucionales.

El defensor general apeló a su experiencia profesional para argumentar que disminuir la edad de responsabilidad penal no garantiza una reducción del delito. Recordó que, durante su etapa como defensor de primera instancia en Concordia, tuvo a 80 niños privados de su libertad, y cuestionó si esa situación había asegurado algo a la sociedad. "Cometieron los delitos más graves", manifestó.

Comparó la situación con países de la región que tienen edades de responsabilidad penal más bajas, como Uruguay y Brasil, y afirmó que la baja no asegura una disminución del delito.

Otro de los aspectos que Benítez objetó fue la extensión de las penas privativas de libertad, que pueden alcanzar hasta 15 años para adolescentes. Comparó esta cifra con los máximos establecidos en otros países sudamericanos, como Brasil y Uruguay, y consideró que la pena en Argentina es excesiva, ya que podría ser mayor a los años de vida de un niño de 14 años.

Finalmente, Benítez abordó el panorama general de las causas que llegan a la Defensa Pública, indicando que los delitos contra la propiedad son los más frecuentes en Entre Ríos. También mencionó que la demanda al defensor público está en aumento, ya que muchas personas que antes podían pagar un abogado ahora no pueden.