Malvinas: Tierra del Fuego se suma a la causa de excombatientes contra las petroleras

La provincia de Tierra del Fuego se ha incorporado formalmente a la causa judicial que busca frenar el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum al norte de las Islas Malvinas. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, admitió la intervención del Estado fueguino a través de su Fiscalía de Estado, tras una presentación realizada el 23 de septiembre por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

La resolución establece que la provincia participará como tercero en la causa, con actuación accesoria y subordinada a la parte actora, sin retrotraer el juicio ni suspender su curso. La jueza aclaró que esta intervención no implica una ampliación de la demanda ni la incorporación de pretensiones propias, aunque se tendrán en cuenta los planteos fueguinos relacionados con el reclamo ambiental.

Asimismo, la jueza rechazó el pedido para convocar al Estado Nacional como parte del expediente, argumentando que no se acreditó una necesidad concreta para su incorporación en este momento. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de incluirlo si surgen nuevos elementos. También se negó a fijar condiciones de revisión para la medida cautelar dictada el 16 de septiembre, que prohíbe las obras del proyecto.

Desde el CECIM La Plata celebraron la decisión, destacando que la cautelar permanece sin modificaciones. El abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del CECIM, expresó su satisfacción con el avance del expediente y exhortó al Gobierno nacional a actuar conforme a derecho.

La acción preventiva por daño ambiental colectivo fue presentada el 1 de septiembre ante el Juzgado Federal de Río Grande. La jueza Borruto había ordenado frenar las obras del proyecto Sea Lion, que contempla 23 pozos y una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, entre otras infraestructuras. La decisión se basó en un informe que indicaba que las empresas no habían iniciado el procedimiento de evaluación ambiental requerido por la Ley General del Ambiente.

La jueza también vinculó la cuestión ambiental con la defensa de la soberanía, considerando que la legislación argentina se aplica al emprendimiento, aunque las empresas estén constituidas en el exterior. Además, intimó a las compañías a informar sobre el estado de las obras y sus contratistas, y solicitó datos a la Secretaría de Energía y a la Cancillería.