El Gobierno dictaminó el proyecto Malvinas y la sesión sería el 12 de noviembre

El oficialismo logró el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca proteger los recursos naturales en las Islas Malvinas. El texto está listo para ser tratado en el recinto, con una fecha tentativa para la sesión el jueves 12 de noviembre, aunque podría haber cambios en el cronograma debido a la visita del Papa León XIV a Argentina.

Este proyecto, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur, abarcando no solo la actividad hidrocarburífera, sino también la explotación de recursos renovables y no renovables. Las sanciones incluyen multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en Argentina.

Uno de los puntos más cuestionados fue la preocupación expresada por el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien transmitió al presidente Milei las inquietudes de la Administración Trump sobre las posibles repercusiones para las empresas estadounidenses. En respuesta, se acordó limitar las sanciones a quienes realicen negocios ilegales como operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos, eximiendo a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2%.

El proyecto también establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros. Este órgano coordinará la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, y tendrá la facultad de controlar las inversiones extranjeras en sectores críticos.

Además, se habilitó la participación de miembros no permanentes como el Presidente de la Cámara de Diputados y gobernadores en el Consejo, y se conformará una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar sus decisiones. También se introdujeron modificaciones en el artículo que sanciona con penas de prisión a quienes alteren procesos electorales por cuenta de un Estado extranjero, definiendo qué se entiende por “campaña de injerencia extranjera”.

A pesar de los cambios, algunos bloques aliados exigen más modificaciones en la redacción del proyecto, advirtiendo que de no realizarse, podrían votar en contra en el recinto. Se incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional y se precisaron las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo.