El Gobierno limita las sanciones por Malvinas tras las advertencias de EEUU sobre sus empresas

El gobierno de Javier Milei ha modificado el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en respuesta a las advertencias de Estados Unidos sobre el impacto que las sanciones originales podrían tener en sus empresas. Estas modificaciones buscan facilitar la obtención de las firmas necesarias para avanzar con un dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal está convocado para el martes 27 de octubre a las 16 horas, aunque se rumorea que la fecha podría cambiar debido a las dificultades del oficialismo para reunir las firmas requeridas. La diputada libertaria Silvana Giudici lidera las negociaciones con los bloques cercanos al oficialismo para acercar posiciones antes del encuentro.

Desde el Congreso y la Casa Rosada han afirmado que el tratamiento del proyecto sigue activo y que se trabaja para consensuar cambios con los bloques dialoguistas, que ya han presentado sus propias propuestas. El texto original, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, contemplaba sanciones para empresas y Estados extranjeros que exploten ilegalmente recursos argentinos en las Islas Malvinas.

El presidente Milei se reunió recientemente con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien advirtió sobre las posibles consecuencias de las sanciones del proyecto para las empresas estadounidenses. Este apartado se dirige especialmente contra las compañías vinculadas al proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en la Cuenca Malvinas, promovido por la británica Rockhopper y la israelí Navitas.

Como resultado de estas gestiones, el Gobierno ha decidido limitar las sanciones a quienes realicen negocios ilegales en territorio argentino, incluyendo operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. Los fondos de inversión con participaciones indirectas en las empresas explotadoras quedarán eximidos de responsabilidad.

El proyecto también mantiene la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que coordinará la estrategia de defensa, inteligencia y seguridad interior, y que tendrá la facultad de controlar las inversiones extranjeras en sectores críticos. Para asegurar el respaldo de los bloques aliados, se conformará una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso, que auditará las decisiones del Consejo.

Además, se han realizado cambios en el artículo que sanciona con penas de prisión a quienes alteren procesos electorales por cuenta de un Estado extranjero, excluyendo expresamente al periodismo, la investigación académica y la actividad diplomática. También se ha incorporado al Ministerio de Seguridad como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional.

A pesar de estas concesiones, persiste el reclamo de Unión por la Patria y de legisladores de Provincias Unidas para separar el proyecto en dos tramos: uno relacionado con Malvinas y la defensa de la soberanía, y otro con reformas a los sistemas de inteligencia y seguridad. El oficialismo defiende el tratamiento conjunto del proyecto.