La Corte y los ministerios públicos acuerdan la distribución de espacios en el nuevo Anexo

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tratará este martes la distribución de los espacios del nuevo edificio Anexo de Tribunales. A las 13, se reunirá con la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson para firmar un convenio que formaliza el entendimiento alcanzado con los ministerios públicos.

Este acuerdo pone fin a una disputa institucional que comenzó hace más de siete meses, cuando la Corte decidió modificar el esquema de ocupación del inmueble, reservándolo prioritariamente para dependencias del Poder Judicial. Esta decisión generó el rechazo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD), que argumentaron que existían compromisos previos para ambos organismos.

La solución que se formalizará este martes contempla una distribución concreta dentro del edificio: la Defensa ocupará una parte del primer piso, el MPA tendrá sectores del quinto y ambos organismos compartirán el sexto piso, que deberá ser construido prácticamente desde cero en su interior. Sin embargo, se aclara que no se trata de una aceptación plena de todas las alternativas planteadas por la Corte, sino de una “aceptación parcial” de la propuesta.

El conflicto se originó formalmente el 24 de febrero de 2026, cuando la Corte aprobó el Acta Acuerdo N° 4, que estableció que el inmueble quedaría destinado a las necesidades del Poder Judicial. Esta decisión fue cuestionada por Vranicich, quien la calificó como “inaplicable e institucionalmente inaceptable”. La fiscal general argumentó que el edificio había sido proyectado para albergar al sistema de justicia penal en su conjunto y recordó compromisos previos sobre la asignación de espacios para el MPA.

La disputa se intensificó tras la reforma de la Constitución provincial de 2025, que convirtió al MPA y al MPD en órganos extrapoder, separados del Poder Judicial. La Corte, por su parte, argumentó que esta reforma justificaba la priorización de las necesidades edilicias del Poder Judicial.

El conflicto tomó estado público en marzo, durante la apertura del Año Judicial, cuando el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, explicó que los ministerios públicos “no pertenecen ya al Poder Judicial”. Vranicich respondió que el edificio tenía espacios destinados al Ministerio Público desde su concepción y cuestionó la falta de diálogo previo a la decisión.

La Legislatura también intervino, promoviendo mecanismos de coordinación entre la Corte, el MPA y el MPD. A lo largo de los meses, se realizaron varias propuestas y reuniones, pero la solución definitiva llegó el 29 de septiembre, cuando MPA y MPD aceptaron parcialmente la distribución propuesta por la Corte, concentrándose en el nuevo Anexo y rechazando un edificio externo ofrecido por la Corte.

El acuerdo que se firmará este martes precisará la distribución de los espacios, aunque se deja abierta la posibilidad de revisar la asignación en el futuro. Este convenio representa un paso decisivo para cerrar la discusión sobre la distribución inicial del inmueble, que ya comenzó a funcionar como nueva sede de buena parte de la Justicia penal santafesina.