Casación ordenó reabrir una investigación por un allanamiento de Gendarmería en una universidad de Chaco

La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido reabrir la investigación sobre presuntos abusos cometidos durante un operativo de la Gendarmería Nacional en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), realizado en diciembre de 2024. La Sala I, por unanimidad, anuló la resolución que había desestimado la denuncia presentada por las autoridades de la universidad.

El fallo, firmado el 20 de octubre, instruyó que el expediente regrese al tribunal de origen para que se emita un nuevo pronunciamiento. Los jueces consideraron que las irregularidades denunciadas no podían ser desestimadas sin una mínima producción de pruebas. La decisión fue respaldada por los camaristas Alejandro Slokar, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes atendieron el recurso presentado por el rector de la UNCAus, Germán Eduardo Oestmann.

La denuncia sostiene que una orden judicial para obtener documentación administrativa de la obra social universitaria fue ejecutada con medidas que habrían excedido dicho requerimiento. Se reportó la presencia de agentes armados, restricciones a la circulación y el cierre con llave de oficinas, lo que afectó el funcionamiento de la institución y pudo haber vulnerado su autonomía, garantizada por la Constitución Nacional.

El fallo no atribuyó delitos a los funcionarios denunciados, pero enfatizó que los hechos deben ser investigados antes de descartar responsabilidades penales. Slokar, en su voto, describió la hipótesis presentada por la querella, señalando que la orden de presentación fue cumplida por efectivos de Gendarmería bajo instrucciones de la fiscalía. También se denunció el cierre de las dependencias de la obra social ISSUNCAus y la intimidación al personal presente.

El operativo, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2024, se llevó a cabo en la sede de la UNCAus, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Los efectivos se presentaron para ejecutar una orden de presentación de documentación vinculada con ISSUNCAus, en el marco del expediente FRE 5122/2024. Según la denuncia, la asesora legal de la Fundación UNCAus, Anahí Belén Cuevas, solicitó una copia de la orden para conocer el alcance del requerimiento y los plazos de entrega, pero los agentes se negaron inicialmente a proporcionarla.

La universidad argumentó que el procedimiento, que concluyó alrededor de las 15:20, tuvo características de allanamiento sin una autorización específica para aplicar medidas coercitivas. Oestmann denunció a la auxiliar fiscal Pamela Michlig y a personal de Gendarmería, incluyendo al sargento Gerardo Díaz y Facundo Nievas, por posibles delitos de abuso de autoridad y otros.

La Justicia Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña había desestimado la denuncia en noviembre de 2025, tras un dictamen del Ministerio Público Fiscal que consideró insuficientes los elementos para impulsar una acusación. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó esa decisión en febrero de 2026. Slokar cuestionó que la falta de un planteo de nulidad no era suficiente para excluir una posible conducta delictiva y objetó el valor otorgado a un acta elaborada por los mismos funcionarios denunciados.

La Constitución Nacional reconoce la autonomía y autarquía de las universidades, protegiendo su autogobierno frente a injerencias indebidas. La sentencia de Casación no declaró ilegal la orden original ni concluyó que se hubiera afectado la autonomía universitaria, limitándose a establecer que una orden judicial válida no vuelve legales todos los actos realizados durante su ejecución. El expediente regresará al tribunal de origen para determinar si la actuación de los funcionarios se ajustó a las facultades conferidas por la Justicia o si hubo excesos con eventual relevancia penal.