Polémica en Chile por rebaja de condenas a agresores sexuales

El gobierno chileno enfrenta críticas desde diversos sectores políticos tras la revelación de que el Ministerio de Justicia rebajó las condenas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Un reportaje del medio Interferencia indicó que 27 de los beneficiados cumplían condenas por abuso sexual y 29 por violación, siendo solo una de las solicitudes presentada rechazada.

La noticia ha generado reacciones transversales. El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, y la exvocera Camila Vallejo recordaron que durante la administración de Gabriel Boric se rechazaron sistemáticamente estas solicitudes, acusando al actual gobierno de modificar esta directriz sin justificación. Además, sectores parlamentarios criticaron que el Ministerio de Justicia otorgara el beneficio de reducción de penas por vía administrativa, sin que los reos contaran con un recurso judicial ganado.

Karim Bianchi, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, cuestionó la contradicción del discurso gubernamental que promete “mano dura” contra la delincuencia mientras se aminoran las penas de agresores sexuales. El diputado Jaime Mulet calificó la medida como un “indulto parcial” encubierto. La Defensoría de la Niñez también expresó su rechazo, denunciando un grave retroceso en la protección de la infancia y exigiendo aclaraciones sobre las medidas para las víctimas.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la medida, argumentando que se ajustó a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Según Rabat, el cambio en el escenario jurídico se debió a la modificación legal de 2022, que estableció restricciones para acceder a estos beneficios. Afirmó que la decisión del Ministerio fue seguir la doctrina establecida por la Corte Suprema en recursos de amparo previos.

En respuesta a la controversia, diputados y senadores de todos los sectores políticos anunciaron cinco iniciativas legislativas para impedir que los responsables de delitos sexuales puedan acogerse a rebajas de condena. La primera propuesta provino de la bancada de Renovación Nacional, que busca modificar los criterios temporales aplicables a las reducciones de condena. Otros proyectos incluyen medidas para asegurar que la exclusión de estos beneficios tenga una aplicación efectiva y extender la prohibición a delitos cometidos antes de la reforma de 2022.