Uruguay casi triplicó su población carcelaria en dos décadas

La población carcelaria en Uruguay ha experimentado un notable aumento, pasando de 6.757 presos en 2003 a 16.570 a fines de 2025. Este incremento coloca al país entre los que tienen mayores tasas de encarcelamiento en América Latina y el mundo, con una tasa de 480 personas cada 100.000 habitantes en 2025, en comparación con 253 en 2010. Estos datos son parte del segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad, publicado recientemente por el Ministerio del Interior, que revela los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario uruguayo.

El censo, realizado en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, destaca la “acumulación de situaciones de vulnerabilidad” entre los presos. Entre los hallazgos más significativos se encuentra que el 20,5% de los encarcelados vivió en la calle durante su infancia o adolescencia, y el 26,8% estuvo institucionalizado en el Instituto Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o en instituciones similares. Además, el 46,4% cometió su primer delito antes de cumplir 18 años.

El perfil de los presos uruguayos es predominantemente masculino, con un 92,1% de varones, un 7,4% de mujeres y un 0,4% que se identifica con otras identidades de género. La mayoría, seis de cada diez, tiene menos de 35 años, y el grupo más numeroso es el de 25 a 29 años (22,8%). Un dato alarmante es que uno de cada cinco presos se identifica como afro, lo que representa el doble de su proporción en la población general, evidenciando una sobrerrepresentación significativa.

En cuanto a las condiciones de vida dentro de las cárceles, el censo revela que muchos presos optan por permanecer en sus celdas, ya que cuatro de cada diez no salieron al patio en la semana previa a la entrevista. En el área metropolitana, más de la mitad no lo hizo. A pesar de que el 80% de los presos fueron atendidos por un médico en su primera semana, el acceso a la educación y el trabajo sigue siendo limitado: menos de cuatro de cada diez trabajan y el 47,1% de quienes no estudian desean hacerlo, pero no encuentran cupo.

Las autoridades han señalado que persisten desafíos en áreas como justicia, salud, trabajo, convivencia y seguridad. Aunque el 85,4% de quienes trabajan no reciben remuneración, seis de cada diez se sienten seguros en los penales, aunque esta percepción disminuye en Montevideo y su área metropolitana. Además, uno de cada diez presos ha sufrido agresiones físicas en los últimos seis meses.

Finalmente, más de tres de cada cuatro presos creen que el Estado puede ayudarles, solicitando apoyo en áreas como trabajo, vivienda, educación, atención del consumo, salud mental y revinculación familiar, lo que subraya la complejidad del desafío que representa la reinserción social tras la privación de libertad.