Nación.Impacto social y ambiental
Organizaciones cuestionan el acuerdo con el FMI por su impacto social y ambiental
Un informe presentado por cinco entidades analiza las consecuencias del plan económico en la producción y la estabilidad del país, advirtiendo sobre incumplimientos en derechos humanos y acción climática.
Cinco entidades de la sociedad civil han expresado su preocupación por el programa económico acordado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtiendo sobre sus consecuencias sociales, económicas y ambientales. En un informe presentado durante el debate del Presupuesto 2027, las organizaciones señalaron que el equilibrio fiscal se ve afectado por una fuerte dependencia del financiamiento externo, recortes en políticas públicas y dificultades para acumular reservas.
El documento, titulado “Sostenibilidad de la deuda y el rol del FMI: lo que no se dice de la crisis argentina”, fue elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Recourse, el Equipo Transiciones y el Center for Economic and Social Rights. En él, se advierte sobre posibles incumplimientos de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cambio climático.
Francisco Cantamutto, economista e integrante del ETFE, afirmó que el FMI debería reconsiderar su respaldo al programa argentino, señalando que, a pesar de algunos logros en estabilización, el costo en derechos humanos es elevado. Además, destacó que el país sigue dependiendo de préstamos vinculados a decisiones políticas para su financiamiento.
El informe también aborda la fragilidad de las reservas internacionales. A pesar de que Argentina registró un superávit comercial de bienes de 20.073 millones de dólares entre enero y julio de 2026, las organizaciones indican que estos ingresos se destinan principalmente a cubrir pagos de intereses y gastos en turismo, lo que aumenta la exposición del país ante crisis externas y fenómenos climáticos extremos.
En cuanto al impacto en los hogares, el informe revela que el desempleo alcanzó el 7,9%, el salario mínimo ha perdido un 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y la pobreza se sitúa en el 32,3%. Las entidades también cuestionan el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), argumentando que favorece la expansión de la minería y los hidrocarburos sin generar suficientes empleos.
Finalmente, las organizaciones alertaron sobre el recorte de recursos destinados a políticas ambientales en el proyecto de Presupuesto 2027, destacando que la Subsecretaría de Ambiente tendría un presupuesto real un 84,3% menor que en 2023. Las cinco entidades han solicitado al FMI que revise el programa y evalúe la sostenibilidad de la deuda no solo desde una perspectiva financiera, sino también considerando sus consecuencias sociales, ambientales e institucionales.
Fuente: Ámbito