Un proyecto de ley busca que ningún juez pueda apartarse ante la violencia de género

La Cámara de Senadores de Santa Fe recibió un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial que busca transformar la respuesta del sistema judicial ante la violencia de género. La iniciativa, que se presenta como un cambio de modelo, impide que los jueces se declaren incompetentes en casos de denuncias por violencia de género y les exige actuar de manera urgente.

Este proyecto, que comenzó a tener estado parlamentario el 15 de octubre, consta de 89 artículos y pretende reemplazar un enfoque "reactivo" por uno "dinámico" y preventivo. En los fundamentos, firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, se argumenta que el modelo actual es insuficiente y que es necesario avanzar hacia un sistema integral de gestión del riesgo.

Entre los principios que guiarán esta nueva normativa se encuentran la tutela judicial efectiva, la prevención, la actuación oportuna y la protección especial de niñas, niños y adolescentes. A diferencia de otras reformas, este proyecto no incluye la palabra "derógase", sino que busca agregar herramientas al sistema existente.

El artículo 26 establece la "Actuación Urgente" como una obligación para los magistrados, permitiendo que cualquier juez que tome conocimiento de un caso pueda adoptar medidas de protección inmediatas, independientemente de su competencia para continuar con el caso. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta que sean ratificadas o modificadas por el órgano judicial competente.

El proyecto también excluye la mediación y la conciliación como métodos para resolver estos casos. Para evitar la fragmentación en la atención estatal, se creará un Registro digital único que permitirá a los organismos acceder a la información sobre las víctimas y los agresores.

Además, se incorpora el principio de mínima carga procesal, asegurando que la falta de representación legal no impida el acceso al sistema ni la adopción de medidas urgentes. También se establece un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a cubrir necesidades inmediatas relacionadas con la seguridad, como traslados y alojamiento transitorio.

En resumen, el proyecto busca consolidar una política pública que anticipe el riesgo en lugar de limitarse a reaccionar ante el daño, integrando las capacidades estatales y adaptando las respuestas a cada situación específica.