Tierras, industria y universidades, los reclamos y protestas de sindicatos y piqueteros previstos para octubre

La decisión de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras, ha desencadenado una serie de protestas que se extenderán durante dos semanas. La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará el jueves 8 de octubre en defensa de la industria nacional, mientras que distintas organizaciones sociales de izquierda se reunirán el viernes 9 para coordinar una respuesta común. El jueves 15, una movilización al Congreso acompañará la sesión especial en la que Diputados intentará rechazar el decreto.

La primera concentración tuvo lugar frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores (CTA-T), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), y otros sectores de la izquierda, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos. La convocatoria se centró en el rechazo al fallo firmado el 29 de septiembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El fallo dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto presidencial, aunque no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo de esa norma. El máximo tribunal consideró que el CECIM no tenía legitimación para presentar una acción colectiva en defensa de la soberanía territorial, lo que resultó en la reactivación de la derogación de la Ley 26.737, que regulaba la compra y posesión de tierras rurales por parte de extranjeros.

El DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, introdujo cambios significativos en diversas áreas, incluyendo la derogación de la Ley 26.737, que limitaba la titularidad extranjera de tierras rurales en el país. La Cámara Federal de La Plata había suspendido la aplicación de este artículo tras una presentación del CECIM, pero el reciente pronunciamiento de la Corte reabrió un conflicto político que había permanecido latente.

El Senado ya había rechazado el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024, pero como el rechazo de una sola cámara no es suficiente para invalidar un decreto de necesidad y urgencia, la norma continuó vigente. Los bloques de la oposición han convocado a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre, donde se discutirá el DNU, entre otros temas.

El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, calificó el fallo como grave, ya que permite la venta sin restricciones de tierras rurales a extranjeros. Por su parte, el secretario general de la CTA-T, Hugo Yasky, vinculó la protesta por la Ley de Tierras con la sesión del 15 de octubre, donde se debatirán varios temas importantes.

El dirigente del CECIM, Hugo Robert, expresó que el reclamo no solo se dirige al Poder Judicial, sino también a la dirigencia política, que ha estado inactiva durante más de dos años. La preocupación se centra en la posibilidad de que se concrete la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, lo que podría consolidarse como derechos adquiridos.

Las organizaciones sociales, políticas y sindicales que impulsaron la Marcha de la Bronca del 19 de septiembre se reunirán nuevamente el 9 de octubre en el Parque Lezama para coordinar la respuesta a la situación y preparar la movilización al Congreso del 15 de octubre. La CGT también marchará el 8 de octubre, con el lema “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”.

Además, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que ha generado un nuevo antecedente judicial que se suma a los reclamos de octubre. El Gobierno ha anunciado que apelará esta decisión.