La UCR condiciona su apoyo al Presupuesto 2027 a mayores fondos para discapacidad

La Unión Cívica Radical (UCR) ha solicitado modificaciones al Presupuesto 2027 para poder respaldar su aprobación en la Cámara de Diputados. Entre sus principales exigencias, el bloque demanda un refuerzo en las partidas destinadas a personas con discapacidad y la conservación de la actualización automática por inflación de las asignaciones sociales.

El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza (LLA), busca sancionar el proyecto el próximo 18 de noviembre. Para lograr los votos necesarios, necesita el apoyo de sectores aliados, incluidos los seis diputados radicales que forman parte de la bancada presidida por Pamela Verasay.

El bloque radical responde políticamente a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes jugarán un papel clave en las negociaciones parlamentarias.

Uno de los principales puntos de conflicto es la financiación de las prestaciones para personas con discapacidad. La UCR ha respaldado el dictamen de mayoría que mantiene el nomenclador nacional y establece mecanismos permanentes de actualización de las prestaciones y pensiones no contributivas por invalidez.

Los legisladores han solicitado la eliminación de los artículos del Presupuesto que modifican la legislación vigente e incorporar las disposiciones del dictamen, junto con los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento. Esta postura también cuenta con el respaldo de otros espacios que integran Fuerzas del Cambio, como el PRO, el MID y Por Santa Cruz.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluía cuatro artículos que modificaban aspectos centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Sin embargo, ante el rechazo opositor, el oficialismo está evaluando la eliminación de esas modificaciones.

En cuanto a las asignaciones sociales, los diputados radicales han exigido mantener la fórmula de movilidad que permite ajustar los montos según la inflación, lo que incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la ayuda escolar, entre otras prestaciones. El proyecto presupuestario del Gobierno contempló la eliminación de esos mecanismos de actualización automática, destinando aproximadamente 9,18 billones de pesos al pago de beneficios que alcanzan a más de cuatro millones de personas.

El financiamiento universitario también se encuentra entre los temas pendientes. El Gobierno nacional ha establecido una asignación de 7,3 billones de pesos para las universidades, mientras que las instituciones han reclamado 11 billones para cubrir sus necesidades. Los diputados radicales esperan las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, antes de definir su posición.

El diputado del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Eduardo Falcone, ha coincidido en la necesidad de incorporar las disposiciones del dictamen de mayoría sobre discapacidad y aumentar los recursos destinados a ese sector. Además, ha solicitado incrementar los fondos para las Becas Manuel Belgrano y la reasignación de recursos para reactivar obras públicas.

El Ministerio de Economía ha contemplado en el proyecto presupuestario 7,25 billones de pesos para el área de discapacidad, de los cuales 6,094 billones están destinados a pensiones no contributivas por invalidez laboral y aproximadamente 1,1 billones a la atención médica de beneficiarios. Sin embargo, la aplicación de las modificaciones propuestas podría generar un impacto fiscal adicional estimado en 600.000 millones de pesos durante 2027.

Las diferencias sobre discapacidad, asignaciones sociales y financiamiento universitario se han convertido en los principales obstáculos que el oficialismo deberá resolver para conseguir los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027.