El Gobierno propone eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares

El debate del Presupuesto 2027 ha generado un conflicto en torno a una política social clave en el país. El Gobierno ha propuesto en el artículo 17 eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares, un mecanismo que permitió sostener la política de contención durante la gestión de Javier Milei.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados continuará la discusión el martes, con las exposiciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El oficialismo busca dictaminar el 28 de octubre y llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, aunque estas fechas aún no están confirmadas.

El conflicto se centra en el artículo 17, que establece: “Deróganse los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley N° 27.160”. Este artículo regula la movilidad de los importes y los límites de ingreso para acceder a los beneficios, así como su cálculo por ANSES. Esta fórmula fue instaurada por el gobierno libertario en 2024 mediante el Decreto 274, que estableció que las asignaciones y prestaciones previsionales de ANSES se actualizarían mensualmente según la inflación de los dos meses previos.

Antes de este sistema, la AUH se actualizaba de manera discrecional, con cambios significativos en su cálculo a lo largo de los años. Si se aprueba la derogación, no se eliminarían las prestaciones ni se reducirían los montos, pero se eliminaría la obligación de ajustarlos mediante la fórmula que contempla el IPC, dejando los aumentos sujetos a decisiones del Poder Ejecutivo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso ha mostrado cómo la evolución del valor real de la AUH ha sido variable debido a la inflación. Entre diciembre de 2019 y noviembre de 2023, la AUH alcanzó un mínimo tras la devaluación dispuesta por Milei. Posteriormente, el Gobierno implementó un aumento extraordinario del 100% para recuperar lo perdido, y la movilidad mensual permitió proteger ese ingreso.

Por otro lado, la Prestación Alimentar no cuenta con movilidad, lo que ha llevado a una caída en su poder de compra. La OPC proyecta $9,2 billones para AUH y AUE en el Presupuesto 2027, con un aumento real de apenas 0,7% y unos 4,1 millones de beneficiarios previstos.

UNICEF Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) han expresado su preocupación ante la eliminación de la garantía de movilidad. En la Cámara, la oposición no es la única que se opone; la UCR también ha manifestado su apoyo a conservar la actualización por inflación de AUH, AUE y ayuda escolar.

En la primera audiencia de Presupuesto, Victoria Tolosa Paz cuestionó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el artículo 17. Guberman defendió la propuesta argumentando que se busca sostener la cobertura de la canasta básica alimentaria, aunque no se establece qué ocurriría ante una inflación superior a la prevista. La derogación del artículo 17 eliminaría la obligación legal de ajuste, aunque no se cuantifica el ahorro que podría generarse con esta medida.