El costo fiscal de la nueva versión del garrote y la zanahoria con los gobernadores

La administración de Javier Milei enfrenta un desafío en el último trimestre de 2026, donde la urgencia legislativa se centra en la sanción del Presupuesto 2027 y la reforma electoral que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A su vez, la meta fiscal es mantener el superávit.

Para lograr estos objetivos, el equipo económico y la mesa política de la Casa Rosada, liderados por Diego Santilli, han intensificado el diálogo con los gobernadores. La estrategia oficial busca reducir la incertidumbre política en el mercado, especialmente de cara al año electoral. Luis Caputo y la jefatura de gabinete oscilan entre la “persuasión financiera” y la negociación política dura, utilizando adelantos financieros y compensaciones de fondos como moneda de cambio para obtener votos parlamentarios.

Sin embargo, estas erogaciones podrían comprometer la meta fiscal. El 99% de los recursos destinados a Santa Fe en el proyecto de presupuesto 2027 son automáticos, mientras que el resto, que incluye fondos para la Caja de Jubilaciones, está sujeto a negociación. Un informe del diputado Guillermo Michel advierte que el proyecto de presupuesto 2027 transfiere gastos y reduce fondos para áreas críticas como transporte y educación.

El costo fiscal que asume la Casa Rosada plantea un dilema en relación con la meta de superávit del 1,5% del PBI. Las concesiones a los gobernadores, sumadas a reformas ya implementadas, generan estrés en las proyecciones presupuestarias. Se prevé una caída real de los ingresos totales del 2,3% anual, lo que complica aún más el cumplimiento de la meta presupuestaria.

Los mandatarios provinciales exigen garantías políticas y fiscales, y se estima que el gasto nacional no automático debería caer un 6% anual en los últimos meses de 2026. La estrategia de seducir a los gobernadores mediante rebajas de impuestos ha generado un costo fiscal neto equivalente al 3% del PBI, y se advierte que, de continuar esta dinámica, el impacto negativo podría escalar al 4,7% del PBI para 2027.

El gobierno se encuentra en un laberinto donde la viabilidad política del modelo de desregulación exige un costo fiscal a las provincias. La tensión en las próximas semanas será crucial para determinar si la Casa Rosada puede equilibrar la compra de gobernabilidad legislativa sin comprometer la frágil contabilidad que sostiene la paz cambiaria y la confianza de los mercados.