La Corte Suprema acelera el trámite por la Ley de Tierras

La Corte Suprema ha acelerado el proceso relacionado con la derogación de la Ley de Tierras, impulsada por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei. A través de una resolución firmada este miércoles, el tribunal estableció que el plazo para la aceptación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci se reduce a 24 horas, en lugar de las 72 horas habituales.

Esta decisión es significativa, ya que el expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría reinstaurar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La Corte justificó la urgencia de este trámite al señalar que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, era necesario acortar el plazo para consentir la nueva integración.

El caso es promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, quienes cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales. Este planteo se relaciona con un expediente anterior iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que también había impugnado la derogación de la Ley de Tierras.

La Corte, al resolver el caso del CECIM la semana pasada, no analizó la constitucionalidad del artículo 154, rechazando la demanda por considerar que los excombatientes no tenían legitimación suficiente. Sin embargo, los integrantes de Árbol de Pie argumentan que su situación es diferente y han solicitado a la Corte que aclare si la sentencia anterior afecta su expediente, destacando que invocan “títulos de legitimación propios y diferentes”.

Su argumento se centra en derechos relacionados con la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales. Este martes, diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas se manifestaron frente a la Corte para rechazar el fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras.

El expediente ha llegado a esta nueva instancia tras la falta de consenso entre los miembros titulares de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sobre cómo proceder. Por ello, se sortearon los conjueces Barroetaveña y Pérez Curci, quienes permitirán que la Corte avance en el planteo.

El expediente aún tiene pendiente una medida cautelar. Si la Corte decide hacer lugar a este pedido, podría restablecer, al menos de manera provisional, las restricciones que existían antes de la derogación del DNU 70/23. La decisión de acortar el plazo para consolidar la integración del tribunal es un movimiento relevante en una disputa que ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda política y judicial.

La Corte ya había aclarado que la sentencia sobre el CECIM “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154” del DNU 70/23 y que no afecta otras medidas cautelares en trámite sobre el mismo tema. Con la integración de Barroetaveña y Pérez Curci y el plazo reducido a un día, la cuestión sobre la Ley de Tierras está a punto de recibir una nueva definición del máximo tribunal.