La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II

La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de "Inocencia Fiscal II", que busca sumar contribuyentes al régimen fiscal, con el objetivo de incorporar al sistema financiero dólares que actualmente están fuera del circuito oficial. La iniciativa recibió 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo tras el receso invernal, es la primera sanción de un proyecto de ley tratado en su totalidad durante el período ordinario. Votaron a favor, además de La Libertad Avanza, el Pro, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Primeros los Salteños y Despierta Chubut. El interbloque Popular, conformado por Justicialista, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social Federal, fue el único en oponerse.

La ley redefine el concepto de “discrepancia significativa”, permitiendo a la ARCA impugnar declaraciones juradas simplificadas. Se establece que la discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto a lo declarado por el contribuyente. También se incorpora un umbral mínimo del 5% por debajo del cual no se considerará discrepancia significativa.

Los funcionarios públicos no podrán beneficiarse de la presunción de exactitud ni de inmunidad tributaria del régimen. Además, se establece un marco de reducción automática de sanciones para MicroPyMEs y entidades sin fines de lucro.

El senador Bruno Olivera Lucero, miembro informante del proyecto, destacó que hay aproximadamente 170 mil millones de dólares fuera del sistema bancario y que esta ley busca “resucitar esos dólares escondidos”. También mencionó que 400.000 contribuyentes ya se inscribieron en el régimen anterior.

Por su parte, la senadora radical Silvana Schneider resaltó que la ley otorga mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y busca aliviar su carga. En contraste, José Mayans, jefe del bloque Justicialista, criticó la ley, sugiriendo que está diseñada para beneficiar a ciertos sectores y no a los trabajadores ni jubilados, mencionando que más de 13 millones de personas están desempleadas y no se beneficiarán con esta normativa.