El Gobierno reglamentó los retiros voluntarios y definió qué cargos se preservarán

El Gobierno ha implementado un nuevo esquema de retiros voluntarios en la administración pública, estableciendo excepciones para ciertos cargos. Según la Resolución 43/2026 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, publicada en el Boletín Oficial, los cargos que queden vacantes serán eliminados, salvo aquellos correspondientes a Funciones Ejecutivas que forman parte de la estructura del Estado.

La reglamentación aclara que la eliminación de cargos no afectará la continuidad de aquellos con Función Ejecutiva, lo que significa que, si un funcionario deja el Estado, la función podrá mantenerse y ser cubierta posteriormente.

El régimen abarca al personal permanente de la Administración Pública Nacional y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado. El período de adhesión estará abierto del 1° al 30 de noviembre, con posibilidad de prórroga por 30 días. Sin embargo, hay exclusiones, como integrantes de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, personal de Inteligencia y docentes, entre otros.

Las solicitudes se realizarán a través del sistema GDE y deberán contar con la firma del agente y de su superior inmediato. Una vez enviada, la solicitud podrá ser revocada hasta cinco días después del cierre de la inscripción.

El decreto clasifica a los potenciales adherentes en tres grupos según edad y aportes. El primer grupo incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan suficientes aportes para jubilarse, quienes podrán optar por cobrar hasta 36 meses una suma equivalente al 60% de su remuneración bruta habitual. El segundo grupo comprende a trabajadores próximos a la jubilación con al menos 30 años de aportes, y el tercero incluye a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62.

La adhesión no garantiza el retiro, ya que Recursos Humanos revisará antecedentes penales y disponibilidad presupuestaria antes de elevar cada caso a las autoridades competentes. Además, el jefe de Gabinete y otros funcionarios pueden rechazar solicitudes si consideran necesario conservar al trabajador para garantizar la continuidad del servicio.

Las compensaciones pueden llegar hasta $20 millones y se abonarán de una vez, aunque montos superiores podrán dividirse en hasta tres cuotas. Quienes se retiren no podrán regresar al Sector Público Nacional durante ocho años, salvo en el caso de la docencia universitaria.