El Gobierno aprobó un crédito del BID que financiará retiros voluntarios en la administración pública

El Gobierno aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta u$s300 millones para financiar el programa “Transformación del Estado Nacional I”, que incluye programas de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1177/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Este préstamo forma parte de una línea de crédito condicional de hasta USD 800 millones destinada a mejorar la eficiencia del gasto público mediante la modernización de las administraciones nacional y subnacionales, con un plazo de utilización de diez años. El componente de Modernización de la Gestión del Empleo Público concentrará u$s220 millones, el 73,3% del total, que se destinarán a financiar los retiros voluntarios, el diseño e implementación de un nuevo proceso de reclutamiento y selección, y el fortalecimiento de las capacidades para la gestión de recursos humanos.

El contrato también prevé que el BID podrá reconocer como gastos elegibles hasta u$s60 millones por retiros voluntarios realizados desde el 5 de marzo de 2026, siempre que se hayan efectuado en condiciones similares a las del contrato. Además, se destinarán USD 77 millones (25,7%) al fortalecimiento de la capacidad tecnológica del Estado, que incluye la actualización del parque de bienes y servicios informáticos y la modernización del sistema nacional de compras públicas.

Los USD 3 millones restantes se asignarán a administración y auditoría. El préstamo deberá devolverse en un plazo de 25 años desde su firma, en cuotas semestrales, y la primera cuota de amortización vencerá a los 66 meses de la entrada en vigencia del contrato. Los intereses se pagarán cada seis meses, con una tasa basada en la SOFR más el margen aplicable a los préstamos del capital ordinario del BID.

El organismo ejecutor será el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, con el apoyo de varios organismos técnicos. En los considerandos del decreto, el Banco Central evaluó que las nuevas operaciones tienen un impacto macroeconómico limitado sobre la balanza de pagos, mientras que la Oficina Nacional de Crédito Público no formuló objeciones debido a que el costo financiero del préstamo es inferior al que el país podría conseguir en el mercado.