Denuncian irregularidades en estacionamiento de CITEDEF durante Quilmes Rock 2025

El secretario general de ATE en CITEDEF, Alejandro Javier Gallardo, se presentó ante la Justicia para ser parte querellante en la causa que investiga el uso del predio del organismo como estacionamiento durante el Quilmes Rock 2025. En su denuncia, apunta contra el titular del organismo, Fernando Lloveras, un representante de la empresa Seeker y el exministro de Defensa, Luis Petri.

Gallardo sostiene que miles de personas circularon cerca de un polvorín, un laboratorio balístico y un depósito de inflamables sin que existiera un contrato ni controles de seguridad específicos. La denuncia destaca que 2.443 vehículos ingresaron al predio de CITEDEF, ubicado en Villa Martelli, durante el festival, lo que podría haber puesto en riesgo la seguridad de la Nación.

El estacionamiento se utilizó los días 5, 6, 12 y 13 de abril de 2025, mientras se desarrollaba el festival en Tecnópolis. Seeker S.R.L. comercializó las plazas a través de una plataforma llamada “PARKING CITEDEF”, ofreciendo 427 lugares a $40.000 por vehículo para la jornada del 12 de abril.

Gallardo enfatiza que el ingreso masivo de personas ajenas al organismo generó un riesgo concreto, ya que el predio alberga instalaciones sensibles y áreas de acceso restringido. Además, denuncia que no existió un contrato formal que habilitara la explotación comercial del estacionamiento, a pesar de que Lloveras reconoció ante la Oficina Anticorrupción que no se celebraron contratos para las fechas señaladas.

La denuncia también cuestiona el manejo de los fondos generados por el estacionamiento, ya que, según Gallardo, no ingresó dinero a CITEDEF entre abril y octubre de 2025. Se emitió una factura a Seeker por $24.430.000, 185 días después del evento, y los fondos ingresaron a una sociedad anónima en lugar de a la Tesorería General de la Nación.

Además, se mencionan daños materiales en las instalaciones del predio, que fueron reconocidos por Lloveras, quien indicó que las reparaciones se realizaron sin costo para el Estado Nacional. Gallardo también señala al exministro Petri, afirmando que no respondió a sus reclamos sobre las medidas de seguridad adoptadas durante el evento.

Finalmente, Gallardo solicita ser tenido como querellante y plantea la reserva del caso federal, argumentando que se han comprometido derechos constitucionales vinculados con el debido proceso y la defensa de derechos de incidencia colectiva.