El Tribunal de Cuentas dictó casi 500 sentencias y dispuso recuperar $780 millones

El presidente del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Diego Lara, se refirió a las investigaciones sobre la Municipalidad de Santa Elena, la intervención de la Justicia y el funcionamiento del organismo encargado de controlar la inversión y el gasto público provincial. Durante una entrevista en Plaza Mansilla, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, presentó cifras sobre los juicios de cuentas, las condenas y los fondos cuya recuperación fue dispuesta.

Lara abordó particularmente las actuaciones vinculadas con la gestión del intendente Domingo Daniel Rossi, explicando que el Tribunal había desarrollado investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas, algunas de las cuales se remontaban a períodos anteriores. "Yo quiero hablar desde lo institucional. A mí me toca presidir", expresó al referirse al caso, remarcando su responsabilidad de preservar el funcionamiento y la independencia del organismo.

El funcionario explicó que el Tribunal había realizado actuaciones relacionadas con compras, licitaciones públicas, obras y convenios de naturaleza impositiva celebrados por el municipio. Las investigaciones concluyeron con informes sobre presuntos perjuicios patrimoniales que fueron remitidos al ámbito municipal, pero se detectó que esas conclusiones no habían tenido el tratamiento correspondiente. "El tribunal después detectó que no se hizo absolutamente nada con esas conclusiones", manifestó.

Lara también hizo referencia a la documentación vinculada con esas actuaciones, afirmando que no sabían dónde había ido a parar. Esta situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal. Aunque valoró la intervención judicial, evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades penales, indicando que eso deberá expedirse la justicia.

Durante la entrevista, Lara fue consultado sobre las manifestaciones públicas del intendente de Santa Elena y las diferencias surgidas alrededor de las investigaciones. Cuestionó las descalificaciones dirigidas al organismo y sostuvo que el debate debía concentrarse en los expedientes y las pruebas documentales. "Lo importante es que hablemos de los elementos que tenemos, de los elementos objetivos de las investigaciones que el tribunal tiene", expresó.

En otro tramo de la entrevista, Diego Lara presentó estadísticas sobre la actividad del organismo desde su llegada a la presidencia, el 9 de diciembre de 2020. Explicó que durante ese año se habían iniciado 69 juicios de cuentas, mientras que en 2025 la cifra había superado los 140 procedimientos. Según su exposición, la actividad jurisdiccional prácticamente se duplicó durante ese período, dictándose alrededor de 500 sentencias de juicio de cuenta, con casi el 70% de esas resoluciones siendo condenatorias. Se dispuso la recuperación de fondos por más de 770 o 780 millones de pesos, cifra que equivaldría a más de 13.000 millones de pesos a valores actuales, aunque aclaró que no necesariamente había ingresado a las arcas públicas.

Lara destacó que el Tribunal de Cuentas tiene competencia sobre una amplia variedad de organismos provinciales y gobiernos locales, incluyendo 84 municipios, 104 comunas, 69 juntas de gobierno, 22 organismos autárquicos vinculados con cajas jubilatorias municipales, 66 hospitales y más de 100 centros de salud. También señaló que el organismo controla la administración central, los entes descentralizados, las empresas estatales, otros poderes del Estado y la utilización de subsidios públicos.

El presidente del Tribunal fue consultado sobre su relación con el gobernador Rogelio Frigerio, recordando su trayectoria política anterior. Aclaró que su ingreso al organismo de control implicó asumir una función técnica e institucional, manteniendo una buena relación con el Poder Ejecutivo y otros poderes del Estado. "Nosotros como Tribunal de Cuentas somos un organismo de la Constitución como una suerte de organismo extrapoder, no pertenecemos al Poder Ejecutivo", explicó.

Finalmente, Lara planteó que la función del organismo no debía limitarse a detectar inconsistencias o establecer responsabilidades, sino que también debía contribuir a prevenir perjuicios al patrimonio público. Destacó las capacitaciones realizadas para funcionarios, auditores, municipios, comunas, clubes, asociaciones de bomberos y bibliotecas, con el objetivo de mejorar los procedimientos administrativos. "El control no tiene que concebirse como un fin en sí mismo, tiene que ser un medio", sostuvo.