Chile: auditoría reveló sobregasto de USD 11 millones en compras estatales

La Dirección de Presupuestos (Dipres) de Chile publicó su Informe de Finanzas Públicas correspondiente al segundo trimestre de 2026, revelando que el Estado incurrió en un sobregasto de $10.615 millones (USD 11 millones) en compras realizadas durante 2022 y 2023. Este exceso de gasto se produjo a pesar de la existencia de proveedores más económicos en el sistema de compras públicas.

El estudio se centró en adquisiciones realizadas a través del “convenio marco”, una modalidad que permite a las instituciones del Estado comprar directamente con un solo clic, sin necesidad de licitaciones adicionales. La Dipres comparó los precios pagados por los organismos del Estado con otras alternativas más baratas disponibles en el mismo sistema, identificando la diferencia como un potencial ahorro.

Según el informe, Gendarmería de Chile lidera la lista de sobregastos, representando el 26,9% del total, equivalente a unos $2.835 millones (casi USD 3 millones). Le sigue el Instituto Geográfico Militar con un 12,6%, alrededor de $1.330 millones (USD 1,4 millones). También se destacan varios servicios de salud, como el Metropolitano Sur (4,8%), Metropolitano Oriente y Araucanía Sur (4,4% cada uno), y el de Concepción (4,3%).

El mayor sobregasto se registró en la categoría de alimentos, que representa el 73,2% del total, unos $7.700 millones (USD 8 millones). Otros rubros con sobregastos incluyen artículos de aseo e higiene (19,3%), productos de ferretería (4,2%) y artículos de escritorio y papelería (1,9%).

El informe también detalla ejemplos específicos de sobregastos, como $437 millones (USD 437 mil) en compras de papas, $430 millones (USD 450) en pollo deshuesado, y $348 millones (USD 348 mil) en patas de pollo y pavo, entre otros.

Es importante señalar que este informe forma parte de la “auditoría total” que el Gobierno de José Antonio Kast está llevando a cabo sobre la administración de Gabriel Boric, con el objetivo de contener el gasto fiscal. No se establecen responsabilidades administrativas o políticas individuales.

Desde la Dipres se sugirió implementar una estrategia de revisión focalizada y costo-efectiva, priorizando aquellos servicios públicos y convenios marco que concentran la mayor proporción del sobregasto. Esto permitiría maximizar el impacto de eventuales medidas correctivas y optimizar el uso de recursos. Además, se recomendó reforzar los incentivos para evitar la ejecución innecesaria de recursos hacia el cierre del ejercicio presupuestario, dado que los servicios públicos tienden a incrementar significativamente su gasto en bienes y servicios de consumo durante los últimos meses del año.