Chile: la Contraloría investiga al Ministerio de Justicia por rebajas de condenas a pederastas

La controversia por los beneficios carcelarios otorgados a pederastas ha sumado un nuevo capítulo, ya que la Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado una fiscalización en el Ministerio de Justicia para examinar los procedimientos que permitieron reducir condenas. Esta situación ha puesto al titular de la cartera, Fernando Rabat, en una posición delicada.

Entre marzo y septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos exentos que rebajaron penas, en algunos casos hasta por 36 meses, a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación de menores, lo que resultó en la liberación de al menos 33 de ellos. La fiscalización comenzó tras denuncias y requerimientos de parlamentarios que acusaron falta de respuesta a oficios de la Defensoría de la Niñez, lo que llevó a la CGR a solicitar reportes formales a la cartera.

El caso escaló a la justicia cuando los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) presentaron una denuncia penal, lo que llevó a la Fiscalía a abrir una causa en la que el ministro Rabat figura como imputado por el presunto delito de prevaricación administrativa.

A pesar de la presión, el Ejecutivo ha decidido mantener a Rabat en su puesto y ha planteado introducir modificaciones a la legislación que regula estas reducciones. La oposición, por su parte, está preparando una Acusación Constitucional (juicio político) contra el secretario de Estado.

Este miércoles, Rabat enfrentó nuevos cuestionamientos en el Congreso sobre los decretos polémicos y su futuro al frente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, evitó fijar un calendario para hacer públicos los 56 decretos, justificando su demora en la necesidad de proteger información personal y sensible contenida en dichos documentos.

El ministro confirmó que la Contraloría ha solicitado documentación y antecedentes a su cartera, pero contextualizó la diligencia como parte de las labores habituales de control sobre los servicios públicos. “La Contraloría General de la República habitualmente está efectuando distintas fiscalizaciones y requiere antecedentes para cumplir con el rol que le asigna la Constitución”, afirmó.

Al ser consultado sobre los motivos que justificarían su permanencia en el cargo, Rabat evitó defender directamente su continuidad, recordando que “esa respuesta la da el presidente de la República respecto de todos y cada uno de los ministros de Estado”. A pesar del turbulento escenario, desde La Moneda han reafirmado su apoyo al titular de Justicia. El ministro subrogante de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, descartó que el Gobierno esté considerando removerlo de su puesto, afirmando que “nadie en el gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete”.