Casación rechazó planteo para cerrar la causa por prescripción en la contratación de Indra

La causa por las presuntas irregularidades en la contratación directa de una empresa del grupo Indra por parte de la Administración General de Puertos continuará su curso respecto a Alejandro Daniel Ok. La Cámara Federal de Casación Penal desestimó la queja presentada por su defensa y confirmó que no corresponde declarar prescripta la acción penal.

El fallo fue emitido por la Sala IV, compuesta por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky, quienes decidieron no habilitar la revisión del planteo de la defensa contra la decisión de la Cámara Federal, que el 16 de septiembre pasado había rechazado la prescripción. Los magistrados argumentaron que la resolución cuestionada no cumple con las condiciones necesarias para ser revisada por Casación y que no se acreditó un perjuicio que justificara habilitar esa instancia.

En su resolución, los jueces afirmaron que la decisión impugnada no constituye una sentencia definitiva ni un pronunciamiento que ponga fin a la acción penal. Además, señalaron que la defensa no logró demostrar que lo resuelto pudiera ocasionarle un agravio de imposible o tardía reparación ulterior.

Un aspecto central del fallo es que la cuestión sobre la prescripción de la acción penal de Ok ya había sido analizada previamente por el mismo tribunal. En una intervención anterior, el 27 de noviembre de 2024, la Sala IV había examinado la aplicación del artículo 67 del Código Penal, que se refiere a la suspensión de la prescripción, y revocó un sobreseimiento al considerar aplicable esa causal de suspensión debido al desempeño de funciones públicas.

Ahora, ante el nuevo intento de la defensa por cerrar el expediente por el paso del tiempo, los jueces concluyeron que no se presentaron elementos que justificaran cambiar el criterio anterior. Así, el planteo de Ok no prosperó y el expediente deberá continuar su trámite respecto a su situación procesal.

La investigación se centra en presuntas irregularidades en contrataciones directas realizadas por la Administración General de Puertos durante 2016 y 2017, por un monto total de u$s940.508, sin recurrir a una licitación pública. Estas contrataciones tenían como objetivo elaborar las bases para la futura licitación de las terminales de contenedores del Puerto de Buenos Aires. Ok, quien se desempeñaba como gerente general de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE), es investigado por su presunta participación en hechos vinculados con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según el artículo 248 del Código Penal.

El rechazo de la queja no implica una declaración de culpabilidad, sino que mantiene vigente la decisión de continuar el proceso contra Ok y descarta el intento de cerrar la causa por prescripción.

En cuanto a la situación de Gonzalo Mórtola, el fallo aclara que la decisión se limita a la situación procesal de Ok y no condiciona las cuestiones pendientes de resolución respecto a Mórtola. Casación debe pronunciarse sobre el recurso presentado por la querella contra el sobreseimiento de Mórtola por prescripción, así como sobre la cuestión vinculada con la reparación integral del perjuicio admitida en su favor. Estas incidencias procesales requieren un análisis independiente y el rechazo del planteo de Ok no anticipa la decisión del tribunal sobre esos puntos.