Media sanción para que todo juzgado sea competente ante casos de violencia de género

Un proyecto de ley de 89 artículos, que busca modificar los procedimientos y responsabilidades de los funcionarios gubernamentales y judiciales ante la violencia de género, recibió media sanción en la provincia de Santa Fe el 22 de octubre. La totalidad de los senadores votó a favor, tras un acuerdo entre la bancada mayoritaria de Unidos para Cambiar Santa Fe y la minoría del Partido Justicialista, que incluyó cambios al mensaje original del Poder Ejecutivo Provincial.

El presidente provisional de la Cámara alta, Felipe Michlig, destacó que tres ministros de la Casa Gris validaron las modificaciones propuestas. Los ministros de Seguridad y Justicia, Pablo Coccocioni; de Desarrollo Social, Victoria Tejeda; y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, trabajaron junto al bloque oficialista y el PJ para alcanzar un consenso. Michlig mencionó que la presencia de dos senadores opositores fue clave para lograr el quórum, aunque lamentó que solo diez senadores del oficialismo estuvieran presentes.

El senador Esteban Motta, miembro informante por la mayoría, enfatizó que la lucha contra la violencia de género trasciende las diferencias ideológicas y partidarias. Presentó estadísticas alarmantes sobre el aumento de femicidios en la provincia y a nivel nacional, y subrayó la necesidad de evitar la fragmentación institucional en las respuestas del Estado a las denuncias de las mujeres.

El senador Ciro Seisas, titular de la Comisión de Seguridad, aportó datos que indican que uno de cada cuatro llamados al 911 está relacionado con denuncias por violencia de género. En particular, el departamento Rosario ha registrado 20 de los 37 femicidios en Santa Fe. Las denuncias de mujeres que sufren violencia de género suman 6.745, de las cuales casi 4.000 fueron realizadas por WhatsApp y 2.800 por teléfono.

Rubén Pirola, del justicialismo, destacó que su bloque formuló propuestas que fueron aceptadas por el oficialismo, enfatizando la importancia de abordar la problemática desde una perspectiva social y económica. El proyecto ahora pasará a Diputados, donde existen otras iniciativas relacionadas que aún no han sido tratadas.

El proyecto establece que ningún juez podrá argumentar incompetencia para actuar en casos de violencia de género, creando una figura de "Actuación urgente" que obliga a los magistrados a intervenir de inmediato. Además, se creará un Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas, destinado a cubrir necesidades inmediatas vinculadas con la seguridad.