Una ONG documentó 79 violaciones de derechos en cárceles cubanas y la muerte de cuatro presos en septiembre

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una organización no gubernamental con sede en México, registró en septiembre 79 violaciones de derechos de personas encarceladas en Cuba y la muerte de cuatro reclusos. Los datos figuran en su informe mensual sobre las cárceles de la isla, que abarca denuncias de 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal en 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

Las provincias de Camagüey, La Habana y Mayabeque concentran la mayoría de las denuncias, siendo los penales más citados Kilo 8 y Kilo 7, en Camagüey, y la prisión de Quivicán, en Mayabeque. Las violaciones incluyen 27 denuncias por negación de atención médica, 26 por el estado de salud, 19 por alimentación inadecuada, 15 por restricciones a la comunicación y 9 por traslados.

En total, 72 personas, de las cuales 4 son mujeres y 68 hombres, resultaron afectadas. Además, 23 denuncias describen situaciones que impactaron a toda la población de un mismo establecimiento. Entre los fallecidos se encuentra el preso político Florentino Morono Torres, quien murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara tras sufrir un infarto en su celda sin recibir atención médica oportuna. Otro caso es el de Reinier Ramírez Domínguez, quien falleció en el hospital Calixto García de La Habana, 17 días después de obtener una licencia extrapenal, debido a la deficiente atención médica en prisión.

Otros dos reclusos de la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, murieron por desnutrición grave. El informe destaca que los detenidos por razones políticas, aquellos con enfermedades crónicas o infecciosas, y las personas con VIH son las más vulnerables. El periodista independiente Henry Constantín, preso en Camagüey, y otros presos políticos como Roberto Pérez Fonseca y Vladimir Castillo Llanes, también figuran entre los más afectados.

El CDPC también documenta represalias contra quienes protestan por las condiciones de reclusión, incluyendo la suspensión de visitas, celdas de castigo y golpizas. La organización advierte que sus cifras son un subregistro de los eventos y víctimas reales, debido a la opacidad del régimen cubano, que no permite el acceso de observadores independientes.

Este informe se suma a una serie que el CDPC ha documentado durante años. Entre marzo de 2024 y marzo de 2025, contabilizó 60 muertes en cárceles cubanas, 47 de ellas vinculadas a la salud física y mental de los reclusos. En ese período, se registraron 1.330 violaciones de derechos, incluyendo 402 casos de negación de atención médica y 224 de deficiencias alimentarias.

En febrero de este año, el CDPC solicitó información oficial sobre el estado de salud de los internos de la prisión de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, donde se había producido un motín. Sin embargo, no hay datos públicos disponibles de las autoridades cubanas sobre muertes bajo custodia. Este tema se entrelaza con la situación de los presos políticos, una categoría que La Habana no reconoce. Prisoners Defenders, con sede en Madrid, contabilizó 1.260 presos políticos en abril.

El 12 de marzo, la dictadura anunció la excarcelación anticipada de 51 reclusos como gesto hacia el Vaticano, y el 2 de abril, un indulto para 2.010 presos, presentado como humanitario. Sin embargo, Prisoners Defenders sostuvo que solo 27 de los 51 liberados eran presos políticos.