Chile: la muerte de un exguerrillero con cáncer terminal agudiza el debate sobre el indulto presidencial

A seis días de haber solicitado un indulto presidencial, falleció este domingo en el Hospital Penitenciario de Santiago Juan Manuel Aliste Vega, de 53 años, ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro. Aliste estaba condenado a 42 años de cárcel por el crimen del carabinero Luis Moyano en 2007, tras un atraco a un banco en la capital chilena.

Su pedido de morir en casa y rodeado de su familia no fue resuelto por el presidente José Antonio Kast, pero su caso ha reavivado un intenso debate. El Partido Republicano ha respaldado la petición de Aliste y ha propuesto un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad terminal o demencia que ya no represente un peligro social, haciendo alusión a los presos por crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura que permanecen en el penal Punta Peuco.

Sin embargo, esta estrategia ha sido recibida con cautela por algunos socios de Chile Vamos y miembros del propio partido. La diputada Macarena Santelices incluso renunció a la colectividad para unirse como independiente a la bancada de la UDI. La oposición, por su parte, ha rechazado la idea, considerándola una “moneda de cambio” inaceptable.

Tras la confirmación de la muerte de Aliste por parte de Gendarmería, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, reiteró la necesidad de un indulto humanitario, argumentando que “quien tiene una enfermedad terminal, demencia o algo similar, y ya no es un peligro para la sociedad, debe poder morir en su casa”.

El diputado Cristián Araya también pidió al gobierno actuar con “mayor celeridad” en la revisión de las peticiones de indulto. La diputada Ximena Ossandón (RN) opinó que los indultos deben ser evaluados caso a caso, independientemente del crimen cometido, y que una persona en etapa terminal debe estar acompañada de su familia.

Desde la oposición, el diputado Jaime Bassa (FA) argumentó que no es lo mismo ser condenado por delitos comunes que por crímenes de lesa humanidad, y que indultar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos sería una ofensa intolerable para la democracia. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, calificó la propuesta como un retroceso civilizatorio.

Finalmente, Jaime Gajardo (PC), exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, criticó la iniciativa republicana, considerándola una “moneda de cambio inmoral” y acusó al presidente Kast de estar “con los victimarios y no con las víctimas”.