Bolivia: investigan a Evo Morales por la muerte de tres extranjeros en un operativo contra un supuesto complot terrorista

La Fiscalía General de Bolivia ha iniciado la fase de acumulación de antecedentes para un posible juicio de responsabilidades contra el expresidente Evo Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera. Esta acción se deriva de una acusación presentada por legisladores de la alianza opositora Libre, que les atribuye presuntos delitos de asesinato, vejaciones, torturas y privación de libertad en el marco de un operativo policial de 2009, conocido como el caso terrorismo.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, ha calificado este trámite como una etapa inicial de investigación, no como una acusación formal. La ley establece un plazo de 30 días para reunir antecedentes, que finalizaría alrededor del 11 de noviembre. Si la Fiscalía encuentra materia justiciable, formulará el requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que deberá solicitar autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El juicio de responsabilidades es el procedimiento especial para juzgar a altos cargos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Morales ha argumentado que, como ex presidente, le corresponde este tipo de juicio y no la justicia ordinaria.

El operativo en cuestión tuvo lugar el 16 de abril de 2009, cuando una unidad policial de élite irrumpió en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, resultando en la muerte de tres extranjeros: el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa-Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer. Además, fueron detenidos Mario Tadic y Elöd Tóásó. El Gobierno de Morales justificó la acción alegando que estos individuos formaban parte de una célula terrorista que buscaba separar Santa Cruz y atentar contra el presidente.

Las personas procesadas en el caso han denunciado que el Ejecutivo montó el operativo por motivos políticos, con el fin de silenciar a dirigentes opositores. En 2020, el caso se cerró con la absolución de los acusados que seguían procesados, tras el retiro de cargos por parte del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez y la Fiscalía.

En diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que responsabiliza al Estado boliviano de la privación arbitraria de la vida de Dwyer y concluye que otros acusados sufrieron torturas y vulneraciones de sus derechos. A pesar de las recomendaciones de la CIDH, Bolivia no ha cumplido con las mismas. En julio de 2024, la CIDH llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la audiencia pública está pendiente.

En 2022, el jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) negó cualquier responsabilidad de las autoridades de entonces, mientras que en abril de 2024, García Linera cuestionó la investigación, sugiriendo que debería centrarse en las cuestiones operativas. La acusación califica los hechos como lesa humanidad, mientras que el informe de la CIDH habla de violaciones de derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado.