Demandan por más de u$s26 mil millones a empresas pesqueras que operan en las Malvinas

La Fundación Agustina Lerena ha presentado una demanda colectiva por más de u$s26.000 millones contra las empresas pesqueras que operan en torno a las Islas Malvinas, así como contra una red de compañías vinculadas a su actividad. La demanda se basa en la explotación de recursos en el Atlántico Sur sin la autorización de Argentina.

El reclamo es impulsado por César Lerena, presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. La demanda incluye un reclamo económico que varía entre u$s12.351 millones y u$s26.465 millones, dependiendo del criterio de valuación de las capturas.

El texto de la demanda apunta a empresas españolas, sociedades mixtas con capitales isleños y empresas argentinas supuestamente vinculadas a las operaciones, así como a bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios. Se sostiene que la explotación de recursos se ha llevado a cabo sin autorización argentina desde al menos 1989, generando perjuicios ambientales, económicos y sociales.

La Fundación solicita que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compañías demandadas en las aguas en disputa y que sean condenadas a reparar los daños denunciados. El monto reclamado se basa en las capturas pesqueras registradas entre 1989 y 2025, considerando tanto precios FOB como valores mayoristas, además de intereses y costas.

Según la denuncia, Argentina desembarca alrededor de 800.000 toneladas de productos pesqueros anualmente, exportando por unos u$s2.000 millones, mientras que las capturas en aguas de Malvinas se estiman en 250.000 toneladas anuales. La fundación argumenta que el perjuicio no se limita al valor de los peces extraídos, sino que también incluye pérdidas asociadas con el procesamiento industrial, la comercialización, la recaudación impositiva y los derechos de captura que corresponderían a Argentina.

Para fundamentar su reclamo, la presentación invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922, así como la resolución 31/49 de las Naciones Unidas y estadísticas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Además, cuestiona las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades isleñas y los esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados a las islas.

Este episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre Argentina y el Reino Unido, que incluye la disputa con Chile por una ruta comercial que conecta Punta Arenas con las Islas Malvinas. Recientemente, Londres anunció conmemoraciones en las islas por el 45 aniversario de la guerra, honrando a quienes pagaron el precio por la libertad de los isleños.

La disputa también se ha manifestado en la 27.ª edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados (CONXEMAR) en Vigo, España, donde la flota gallega que opera en el Atlántico Sur con permiso del Gobierno colonial de Malvinas se dedica a la pesca del calamar. La segunda temporada de pesca en Malvinas colapsó en agosto debido a niveles críticos de biomasa comercializable.