Tres de cada cuatro procesos por lavado de activos en Ecuador no llegan a sentencia, revela un estudio

Un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) revela que la justicia ecuatoriana enfrenta serias limitaciones en la investigación y sanción de operaciones financieras relacionadas con el crimen organizado. Según el informe, correspondiente al período 2023-2025, tres de cada cuatro procesos judiciales analizados no alcanzan una sentencia, y una parte significativa de ellos termina archivada o sobreseída.

La investigación, que abarcó 48 procesos judiciales involucrando a 249 personas naturales y jurídicas, encontró que solo ocho de estos casos llegaron a sentencia. De los restantes, 16 permanecen sin resolución, 13 fueron archivados por falta de formulación de cargos y siete terminaron sobreseídos por ausencia de acusación fiscal. Estas tres categorías representan el 75% de los expedientes examinados.

El informe destaca una brecha entre la capacidad del sistema penal para iniciar investigaciones y su efectividad para concluirlas con decisiones judiciales. Sin embargo, se aclara que las causas pendientes y los procesos cerrados sin condena responden a circunstancias procesales diferentes y no necesariamente indican impunidad.

En cuanto a las personas procesadas, de las 249 identificadas, 125 recibieron llamamiento a juicio y sus causas continúan en trámite, mientras que 42 llegaron a sentencia. En total, 38 personas fueron condenadas, de las cuales 28 eran naturales y 20 recibieron penas de diez o trece años de prisión. Las decisiones judiciales también incluyeron el comiso de bienes por aproximadamente USD 40 millones, con multas que variaron entre USD 57.380 y USD 19,9 millones.

Uno de los principales problemas identificados es la limitada capacidad para reconstruir las estructuras económicas utilizadas por las organizaciones criminales. El 65% de los procesos involucró entre una y tres personas naturales, y solo 12 de los 48 expedientes incluyeron personas jurídicas, a pesar de que se utilizan empresas para ocultar recursos ilícitos.

El informe también señala que en 26 procesos, equivalentes al 54,17%, no se pudo establecer el delito precedente. Entre los delitos identificados, el narcotráfico fue el más común, con ocho casos, seguido de la corrupción con cinco. Además, se observó que 31 procesos comenzaron mediante actuaciones en flagrancia, mientras que solo nueve surgieron de reportes de operaciones inusuales e injustificadas.

La dimensión económica del lavado de activos en Ecuador es alarmante, con estimaciones que indican que podría representar entre USD 3.910 millones y USD 6.516 millones, vinculados principalmente a mercados criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. El OECO recomienda fortalecer las investigaciones financieras, identificar beneficiarios efectivos y mejorar la aplicación de medidas cautelares patrimoniales para desmantelar las redes económicas que sostienen el crimen organizado en el país.