Tierra del Fuego se suma a la causa por el petróleo de Malvinas y pide frenar el proyecto Sea Lion

La provincia de Tierra del Fuego se presentó ante la Justicia para solicitar la suspensión del emprendimiento de Rockhopper y Navitas, relacionado con el proyecto petrolero León Marino (Sea Lion) en el área de las Islas Malvinas. La provincia advirtió sobre el impacto ambiental y las posibles consecuencias financieras y sobre los recursos naturales involucrados.

La intervención fue formalizada a través de la Fiscalía de Estado, que argumentó que el proyecto no debe avanzar sin una evaluación realizada por las autoridades argentinas. En su presentación, Tierra del Fuego destacó que el riesgo del proyecto no se limita a la disputa de soberanía, sino que también podría causar daños a terceros países y generar responsabilidades ambientales.

“El proyecto León Marino no debe avanzar sin que sus estudios, riesgos y medidas de prevención hayan sido sometidos al examen de las autoridades argentinas competentes”, enfatizó la provincia. Además, solicitó que se mantenga la medida cautelar que impide a las empresas avanzar con las tareas vinculadas al emprendimiento.

Este pedido se produce tras la decisión de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, quien había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). La magistrada ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar actos materiales vinculados con el proyecto y les exigió información sobre su estado.

La presentación de Tierra del Fuego también cuestionó el avance de las empresas por su impacto en la disputa de soberanía, señalando que la exploración constituye una violación a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a no adoptar medidas unilaterales en la situación de las islas.

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, anunció que el municipio fue admitido en la causa contra las petroleras, lo que le permitirá intervenir en el proceso y apoyar el reclamo de los excombatientes y de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Pérez reafirmó que los recursos de Malvinas son de los argentinos y que el Atlántico Sur debe seguir siendo una zona de paz.