Mahmud impulsa una mesa de trabajo para implementar la ley de licencias para abogados

La diputada provincial Gisel Mahmud ha presentado un proyecto para conformar una mesa de trabajo que facilite el diálogo y la articulación institucional entre representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y la Corte Suprema de Justicia. Esta mesa también incluirá a representantes de los Colegios Profesionales de la Abogacía.

El objetivo principal es avanzar en la implementación efectiva de la ley de licencias para abogados y abogadas, procuradoras y procuradores, recientemente sancionada por la Legislatura bajo la Ley N° 14.483. Mahmud destacó que esta ley, sancionada el 27 de agosto, representa un gran avance en la garantía de derechos para los profesionales de la abogacía.

La norma responde a una demanda sostenida por los Colegios de la Abogacía de la provincia, quienes plantearon la necesidad de contar con un régimen que contemple situaciones de enfermedad, maternidad, paternidad, adopción y circunstancias familiares extraordinarias. “Es una norma que protege al profesional y a quienes representa, otorgando previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia al proceso judicial”, explicó la legisladora.

La reglamentación y puesta en marcha de la ley presentan desafíos que deben ser abordados de manera integral, dado que implica un cambio significativo para el sistema de justicia. Mahmud enfatizó que la creación de esta mesa de trabajo interinstitucional es una herramienta clave para sistematizar experiencias, identificar buenas prácticas y detectar dificultades en la implementación del sistema.

Esta instancia permitirá definir los roles de los distintos actores del sistema y construir consensos técnicos y políticos necesarios para consolidar un modelo procesal más eficiente y acorde a las demandas actuales de acceso a la justicia. “Se trata de generar un espacio de diálogo técnico e institucional que permita fortalecer el funcionamiento del sistema judicial”, concluyó Mahmud, promoviendo reglas consensuadas que aseguren previsibilidad y calidad en la prestación del servicio de justicia.