Siete de cada 10 homicidios en Uruguay son con armas de fuego

Las armas de fuego se han convertido en un factor central de la violencia en Uruguay, según el Ministerio del Interior. De hecho, siete de cada diez homicidios en el país se cometen con estos artefactos. En la última década, se ha registrado un aumento en los homicidios armados y en los delitos relacionados con el uso, porte y circulación de armas.

Ante esta situación, el gobierno de Yamandú Orsi ha propuesto una estrategia para controlar las armas y las municiones en el país. La nueva normativa incluye mejoras en la trazabilidad, un fortalecimiento de los controles y la fiscalización, así como una mayor coordinación institucional. Según el comunicado del Ministerio del Interior, "este escenario se desarrolla en un país con altos niveles de disponibilidad de armas y con señales cada vez más preocupantes de desvío hacia los mercados ilegales".

Entre 2013 y 2025, se denunciaron cerca de 16.000 hurtos de armas, mientras que los casos de tenencia y porte ilegal se duplicaron y las denuncias por tráfico interno crecieron de forma exponencial. El gobierno señala que "las armas no explican por sí solas la violencia, pero sí la vuelven más letal", aumentando la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y agravando la violencia asociada a otros delitos.

El fortalecimiento del sistema de control de armas es uno de los objetivos del gobierno de Orsi, incluido en el Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado como el "modelo uruguayo" para enfrentar la delincuencia. Uruguay es el único país del Mercosur que no tiene límites para la adquisición de armas por parte de civiles, lo que las autoridades consideran un riesgo para el tráfico internacional.

La estrategia incluye varios puntos clave: prohíbe la importación, fabricación, ensamblaje, adquisición y utilización de armas y componentes producidos mediante tecnologías digitales, incluidas las armas fabricadas por impresión 3D. Mantiene el límite general de ocho armas por usuario, pero establece un máximo de cuatro armas cortas y de dos pistolas, considerando su mayor riesgo de desvío hacia mercados ilícitos.

Además, se establecen límites de adquisición de municiones y se habilita la compraventa de municiones entre particulares en circunstancias excepcionales. Se exige que todas las armas de fuego importadas cuenten con marcaje conforme a estándares internacionales de identificación y trazabilidad, y se prohíbe la importación de armas cuyo marcaje haya sido realizado exclusivamente mediante láser.

Durante el primer semestre del año, se registraron siete asesinatos de niños y adolescentes por crímenes cometidos con armas de fuego. Esta cifra es similar a la de años anteriores, lo que ha generado preocupación entre los profesionales de la salud. Carlos Kirszenbaum, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, comentó que la balacera genera una "repercusión importantísima" para la salud de los menores, ya que el impacto de una bala puede cambiar la vida de un niño en un instante.