Videovigilancia
El gobierno de Santa Fe reglamentó el uso del sistema de videovigilancia en espacios públicos
El gobierno de Santa Fe aprobó un decreto que regula el uso de sistemas de videovigilancia en espacios públicos, incluyendo la activación del sistema Lince.
El Poder Ejecutivo de Santa Fe aprobó un decreto que establece el protocolo para el uso de sistemas de videovigilancia en espacios públicos, con el objetivo de activar el sistema Lince en la ciudad de Santa Fe y sus alrededores antes de fin de año. Esta decisión está contenida en el decreto N° 2397, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
El decreto incluye un anexo de 41 puntos y crea un Comité de Ética y Supervisión de los sistemas de videovigilancia, que tendrá carácter consultivo y estará integrado ad honorem. Se invita a la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, a la Defensoría Provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, a universidades nacionales con sede en la provincia y a organismos de protección de datos personales a designar representantes para este Comité.
El protocolo fue elaborado en conjunto por los ministerios de Gobierno e Innovación Pública y de Justicia y Seguridad, y responde a exigencias de la Unión Europea, dado que el software que utilizará Santa Fe debe cumplir con la normativa de esa entidad. Gran parte del protocolo se centra en la gestión tecnológica y la protección de datos, asegurando la privacidad de las personas en la vía pública.
El decreto especifica que el sistema Lince se activará a requerimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad. Se destaca que la videovigilancia en espacios públicos es una herramienta valiosa para mejorar la seguridad pública y la prevención del delito, especialmente con la incorporación de inteligencia artificial para procesar datos en tiempo real.
El protocolo también menciona disposiciones de la Ley N° 14246, que creó el Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, y establece pautas para la policía de investigaciones y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el desarrollo de investigaciones penales. Se busca garantizar que el uso de estos sistemas se limite a objetivos de seguridad pública y se ajuste a los principios constitucionales y normativas vigentes.
Fuente: El Litoral