La provincia de Buenos Aires presentó la denuncia penal contra Javier Milei y Luis Caputo por el desvío del Fondo Hídrico

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, formalizó este miércoles una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por el uso indebido del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. La presentación se realizó en la Cámara Federal de San Martín, siguiendo instrucciones del gobernador Axel Kicillof.

La denuncia también incluye al secretario de Finanzas, Federico Furiase, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y a cualquier funcionario que haya estado a cargo de la administración del fondo desde el 10 de diciembre de 2023. Se les acusa de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta, delitos que pueden conllevar penas de dos a seis años de prisión.

Según el escrito, el fondo, que se nutre del 4,31% del impuesto a los combustibles, tiene un “destino único e irrevocable” para financiar obras de infraestructura hídrica. Sin embargo, entre enero de 2024 y mayo de 2026, recaudó $375.422 millones, de los cuales solo $115.990 millones (30,9%) fueron destinados a obras. En 2024, los gastos administrativos superaron a los de obras, lo que plantea serias dudas sobre la gestión de los recursos.

El núcleo de la acusación se centra en la colocación de estos recursos en deuda pública. Al 1° de junio de 2026, el fondo tenía $290.676 millones en Letras del Tesoro, lo que representa el 85,5% de sus activos. Esta situación ha llevado a que el fondo se convierta en acreedor del Estado nacional, lo cual es contrario a la normativa que rige su uso.

Katopodis también cuestionó declaraciones del vocero presidencial, quien afirmó que los fondos se utilizan para el equilibrio fiscal, argumentando que no hay justificación legal para desviar recursos destinados a un fin específico. Además, rechazó que el Gobierno pueda ampararse en un decreto que obliga a invertir excedentes en Letras, ya que considera que este no permite la colocación total del fondo.

La denuncia detalla el impacto en la provincia, donde de 27 obras financiadas por el fondo, 17 están paralizadas o con convenios rescindidos. Algunas de estas obras, como el saneamiento del arroyo Bedoya en Escobar, estaban en un avanzado estado de ejecución antes de ser detenidas.

Ante la proximidad del fenómeno de El Niño, Katopodis solicitó medidas urgentes para preservar la documentación del fondo y requerir informes a diversas entidades gubernamentales. También se reservó el derecho de constituirse como querellante.

En paralelo, Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, criticó al Gobierno nacional por no autorizar créditos internacionales necesarios para obras hidráulicas en la provincia. Girard afirmó que la falta de aprobación de estos créditos es parte de una estrategia de discriminación hacia Buenos Aires, que ha visto caer su actividad económica y perder miles de CUIT.